LD (Agencias) En una entrevista concedida a la emisora local Radio Mitre , el magistrado argentino dijo que le resulta "novedosa" la determinación del Ejecutivo español de "suspender" el trámite de extradición de quienes fueron procesados por delitos de lesa humanidad por el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón. "Han transcurrido cuarenta días y si no se requiere formalmente la extradición debe disponerse la libertad" de los cuarenta miembros de la dictadura (1976-1983) detenidos en Argentina.
El plazo para enviar la petición vence el próximo martes, pero como el Gobierno español decidió no formalizarla, ese día Canicoba Corral deberá disponer la libertad de las personas involucradas en el expediente que tramita Garzón en Madrid. El Gobierno español decidió no tramitar la extradición requerida por el juez Garzón amparándose en el artículo 11 del acuerdo de extradición y asistencia judicial en materia penal entre España y Argentina. Ese artículo prevé como causa de denegación de extradición la de que los tribunales de la parte requerida, en este caso Argentina, sean competentes conforme a su propia ley para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición.
Al conocer la decisión de las autoridades españolas, el ministro de Defensa de Argentina, José Pampuro, señaló que el Gobierno de Néstor Kirchner no se "involucra en los asuntos de la justicia" y dijo que "ahora todo continuará en el ámbito de la magistratura argentina". Por su parte, las “Madres de Plaza de Mayo” recibieron con "preocupación" y como una "desilusión" la decisión del Gobierno de España de no pedir la extradición de los represores argentinos reclamados por Garzón. "Nos causa preocupación porque con la iniciativa de Garzón se había creado un canal hacia la justicia", señaló Nora Cortiñas, integrante de la línea fundadora de esa organización.
En julio pasado, Garzón reclamó a la justicia argentina la detención con fines de extradición de 45 militares y un civil por terrorismo de Estado, genocidio y torturas, y hay cuarenta detenidos por ese motivo. Recientemente el Parlamento argentino anuló recientemente dos leyes de perdón que beneficiaron a los violadores de derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983), pero la Corte Suprema de Justicia debe decidir ahora la inconstitucionalidad de esas leyes.
El plazo para enviar la petición vence el próximo martes, pero como el Gobierno español decidió no formalizarla, ese día Canicoba Corral deberá disponer la libertad de las personas involucradas en el expediente que tramita Garzón en Madrid. El Gobierno español decidió no tramitar la extradición requerida por el juez Garzón amparándose en el artículo 11 del acuerdo de extradición y asistencia judicial en materia penal entre España y Argentina. Ese artículo prevé como causa de denegación de extradición la de que los tribunales de la parte requerida, en este caso Argentina, sean competentes conforme a su propia ley para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición.
Al conocer la decisión de las autoridades españolas, el ministro de Defensa de Argentina, José Pampuro, señaló que el Gobierno de Néstor Kirchner no se "involucra en los asuntos de la justicia" y dijo que "ahora todo continuará en el ámbito de la magistratura argentina". Por su parte, las “Madres de Plaza de Mayo” recibieron con "preocupación" y como una "desilusión" la decisión del Gobierno de España de no pedir la extradición de los represores argentinos reclamados por Garzón. "Nos causa preocupación porque con la iniciativa de Garzón se había creado un canal hacia la justicia", señaló Nora Cortiñas, integrante de la línea fundadora de esa organización.
En julio pasado, Garzón reclamó a la justicia argentina la detención con fines de extradición de 45 militares y un civil por terrorismo de Estado, genocidio y torturas, y hay cuarenta detenidos por ese motivo. Recientemente el Parlamento argentino anuló recientemente dos leyes de perdón que beneficiaron a los violadores de derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983), pero la Corte Suprema de Justicia debe decidir ahora la inconstitucionalidad de esas leyes.