L D (EFE) El tribunal de segunda instancia incluso ha asignado por sorteo los juzgados que se encargarán de las causas que tienen que ver con la Escuela de Mecánica de la Armada y el Cuerpo I del Ejército, según una resolución a la que ha tenido acceso la agencia Efe. Esta decisión, basada en la reciente anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por el Parlamento argentino, puede mantener en prisión a las personas que fueron detenidas a instancias de Garzón, incluso aunque no se vaya a pedir su extradición.
El Gobierno español desistió el viernes, en Consejo de Ministros, de pedir la extradición de cuarenta represores argentinos, pero el magistrado solicitó que no sean puestos en libertad hasta que no haya garantías de que van a ser juzgados en Argentina. La comunicación oficial de la decisión del Ejecutivo de José María Aznar llegaba este lunes a la embajada española, que la ha remitido a la Cancillería argentina para que a su vez la haga llegar al juez Rodolfo Canicoba Corral, que está a cargo del proceso de extradición. Canicoba Corral ha insistido en que no puede mantener presos a los 40 detenidos en virtud de la orden de captura de Garzón una vez que reciba la comunicación oficial de que no se pedirá su extradición.
La decisión de la Cámara Federal, que en su día convalidó un fallo del juez Gabriel Cavallo en el que el año 2001 declaró ilegales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, afecta a varios de los detenidos por orden de Garzón, como Alfredo Astiz, Eduardo Massera, Carlos Suárez Mason o Jorge Acosta, entre otros. Por su parte, los organismos de derechos humanos se han movilizado para impedir que los detenidos vuelvan a la calle. Varios representantes de estas organizaciones se han reunido con Canicoba Corral y varios fiscales para pedirles que aprovechen la anulación de las leyes de perdón y todos los recursos legales a su alcance con el fin de evitar su liberación.
El Gobierno español desistió el viernes, en Consejo de Ministros, de pedir la extradición de cuarenta represores argentinos, pero el magistrado solicitó que no sean puestos en libertad hasta que no haya garantías de que van a ser juzgados en Argentina. La comunicación oficial de la decisión del Ejecutivo de José María Aznar llegaba este lunes a la embajada española, que la ha remitido a la Cancillería argentina para que a su vez la haga llegar al juez Rodolfo Canicoba Corral, que está a cargo del proceso de extradición. Canicoba Corral ha insistido en que no puede mantener presos a los 40 detenidos en virtud de la orden de captura de Garzón una vez que reciba la comunicación oficial de que no se pedirá su extradición.
La decisión de la Cámara Federal, que en su día convalidó un fallo del juez Gabriel Cavallo en el que el año 2001 declaró ilegales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, afecta a varios de los detenidos por orden de Garzón, como Alfredo Astiz, Eduardo Massera, Carlos Suárez Mason o Jorge Acosta, entre otros. Por su parte, los organismos de derechos humanos se han movilizado para impedir que los detenidos vuelvan a la calle. Varios representantes de estas organizaciones se han reunido con Canicoba Corral y varios fiscales para pedirles que aprovechen la anulación de las leyes de perdón y todos los recursos legales a su alcance con el fin de evitar su liberación.