L D (EFE) El Gobierno Vasco ha convocado ayudas destinadas a subvencionar los desplazamientos para visitar a presos condenados o preventivos, internados en cárceles fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, por un importe total de 200.000 euros. Esta orden del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social fue publicada en el Boletín Oficial del País Vasco el pasado lunes, por lo que desde ayer está abierto el plazo de cuatro meses para la presentación de las solicitudes.
El importe de la ayuda consistirá en una cantidad fija anual en función del Centro Penitenciario en el que esté ingresado el interno y podrá variar si se produce un traslado. Los beneficiarios podrán ser los familiares del preso y quedarán excluidos aquellos cuyos ingresos anuales superen el triple del salario mínimo interprofesional.
La orden establece cuatro módulos, según la comunidad autónoma en la que estén las prisiones, y las ayudas que podrán ir desde los 360 euros al año con un mínimo de nueve visitas anuales al preso, en el caso de las prisiones más cercanas a la Comunidad Autónoma Vasca, hasta los 1.200 euros con un mínimo de tres visitas a presos internos en prisiones de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
En su orden, el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco recuerda que la competencia de prisiones no ha sido transferida al País Vasco y señala que "son principios básicos en la normativa internacional, europea y estatal que el cumplimiento de las penas de prisión se realice en las condiciones menos aflictivas, evitando la desocialización, promoviendo el arraigo social de las personas penadas y el contacto con sus familiares".
La convocatoria concluye que "en la actualidad cumplen condena fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco personas de ciudadanía vasca por razones de diversa índole", algo que afecta "particularmente a los clasificados en primer grado, por la inexistencia de Centro penitenciario para cumplir en régimen cerrado en la Comunidad Autónoma, mujeres con niños, por la falta de centros adecuados, algunas personas con necesidad de tratamiento psiquiátrico y un número importante de personas condenadas por delitos de terrorismo".
"El cumplimiento alejado del lugar de residencia de la familia comporta un perjuicio para la persona presa y para su familia, que debe realizar frecuentemente largos y costosos desplazamientos para la realización de las comunicaciones que la ley permite", recalca.
El importe de la ayuda consistirá en una cantidad fija anual en función del Centro Penitenciario en el que esté ingresado el interno y podrá variar si se produce un traslado. Los beneficiarios podrán ser los familiares del preso y quedarán excluidos aquellos cuyos ingresos anuales superen el triple del salario mínimo interprofesional.
La orden establece cuatro módulos, según la comunidad autónoma en la que estén las prisiones, y las ayudas que podrán ir desde los 360 euros al año con un mínimo de nueve visitas anuales al preso, en el caso de las prisiones más cercanas a la Comunidad Autónoma Vasca, hasta los 1.200 euros con un mínimo de tres visitas a presos internos en prisiones de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
En su orden, el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco recuerda que la competencia de prisiones no ha sido transferida al País Vasco y señala que "son principios básicos en la normativa internacional, europea y estatal que el cumplimiento de las penas de prisión se realice en las condiciones menos aflictivas, evitando la desocialización, promoviendo el arraigo social de las personas penadas y el contacto con sus familiares".
La convocatoria concluye que "en la actualidad cumplen condena fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco personas de ciudadanía vasca por razones de diversa índole", algo que afecta "particularmente a los clasificados en primer grado, por la inexistencia de Centro penitenciario para cumplir en régimen cerrado en la Comunidad Autónoma, mujeres con niños, por la falta de centros adecuados, algunas personas con necesidad de tratamiento psiquiátrico y un número importante de personas condenadas por delitos de terrorismo".
"El cumplimiento alejado del lugar de residencia de la familia comporta un perjuicio para la persona presa y para su familia, que debe realizar frecuentemente largos y costosos desplazamientos para la realización de las comunicaciones que la ley permite", recalca.