LD (EFE) La modificación introducida a la Ley de Entidades Financieras establece que en caso de que un banco cierre o se produzca alguna modificación en el sistema general, los primeros en cobrar serán los ahorradores con depósitos de hasta 50.000 pesos (16.778 dólares) y luego los que superen esa cifra. Además, reafirma que el único que puede emitir moneda es el Banco Central argentino, con lo cual se descarta la posibilidad de que los Estados provinciales y municipales impriman bonos a modo de monedas sucedáneas, tal como sucedió en los últimos dos años.
En cuanto al Banco Central, se ratifica su total autarquía y se autoriza a la autoridad monetaria a hacer adelantos de dinero al Gobierno. Los giros no deben exceder a un monto equivalente al 12 por ciento de la base monetaria (dinero en circulación y en poder de los bancos) en el caso de anticipos comunes o de hasta el 10 por ciento del total de la recaudación anual, siempre que se destinen al pago de deuda con organismos financieros internacionales. Este instrumento le permitía al Ministerio de Economía asegurarse los recursos necesarios, sin echar mano a las reservas, para pagar el vencimiento de deuda por 2.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional el próximo 9 de septiembre.
El Gobierno deberá devolver al Banco Central los préstamos en un plazo de doce meses. Caso contrario, no podrá volver a solicitar anticipos a la autoridad monetaria. La Auditoría General de la Nación actuará como órgano de control externo del Banco Central, en tanto que la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, organismo dependiente del Banco Central que controla a los bancos, recupera todas sus facultades que le fueron recortadas hace dos años.
La reforma también da protección legal a los funcionarios del Banco Central que deban intervenir en el cierre de una entidad bancaria. La nueva norma establece que las acciones de estos funcionarios sólo podrán ser revisadas por la Justicia "cuando hubiera mediado arbitrariedad o irrazonabilidad manifiestas". Todas estas reformas, que ya habían sido aprobadas por el Senado argentino el pasado 18 de junio, forman parte de los compromisos que el Gobierno argentino asumió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo financiero cerrado en enero pasado y que caduca el próximo domingo.
El cumplimento de estos compromisos es crucial en el marco de las negociaciones que desde hace casi un mes mantienen Argentina y el FMI para alcanzar un nuevo programa que permita al país suramericano reprogramar el pago de sus deudas con ese organismo por los próximos tres años. La cámara baja aplazó para la próxima semana el debate sobre otras leyes exigidas por el FMI, como la que propone compensar a los bancos por diferencias en los índices de actualización de créditos hipotecarios.
En cuanto al Banco Central, se ratifica su total autarquía y se autoriza a la autoridad monetaria a hacer adelantos de dinero al Gobierno. Los giros no deben exceder a un monto equivalente al 12 por ciento de la base monetaria (dinero en circulación y en poder de los bancos) en el caso de anticipos comunes o de hasta el 10 por ciento del total de la recaudación anual, siempre que se destinen al pago de deuda con organismos financieros internacionales. Este instrumento le permitía al Ministerio de Economía asegurarse los recursos necesarios, sin echar mano a las reservas, para pagar el vencimiento de deuda por 2.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional el próximo 9 de septiembre.
El Gobierno deberá devolver al Banco Central los préstamos en un plazo de doce meses. Caso contrario, no podrá volver a solicitar anticipos a la autoridad monetaria. La Auditoría General de la Nación actuará como órgano de control externo del Banco Central, en tanto que la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, organismo dependiente del Banco Central que controla a los bancos, recupera todas sus facultades que le fueron recortadas hace dos años.
La reforma también da protección legal a los funcionarios del Banco Central que deban intervenir en el cierre de una entidad bancaria. La nueva norma establece que las acciones de estos funcionarios sólo podrán ser revisadas por la Justicia "cuando hubiera mediado arbitrariedad o irrazonabilidad manifiestas". Todas estas reformas, que ya habían sido aprobadas por el Senado argentino el pasado 18 de junio, forman parte de los compromisos que el Gobierno argentino asumió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo financiero cerrado en enero pasado y que caduca el próximo domingo.
El cumplimento de estos compromisos es crucial en el marco de las negociaciones que desde hace casi un mes mantienen Argentina y el FMI para alcanzar un nuevo programa que permita al país suramericano reprogramar el pago de sus deudas con ese organismo por los próximos tres años. La cámara baja aplazó para la próxima semana el debate sobre otras leyes exigidas por el FMI, como la que propone compensar a los bancos por diferencias en los índices de actualización de créditos hipotecarios.