L D (EFE) El Gobierno Vasco va a interponer una demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que la Ley de Partidos Políticos y la sentencia del Tribunal Constitucional, que la declaró constitucional, vulneran derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos.
El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Jon Imaz, compareció ante los medios de comunicación, tras la reunión habitual de los martes, y dio a conocer este acuerdo. En concreto, el Ejecutivo vasco entiende que la Ley Orgánica de Partidos Políticos y sentencia del TC del 12 de marzo, dictada en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la citada Ley por el propio Gobierno Vasco, contravienen el derecho al juez imparcial y a un proceso equitativo, el principio de legalidad penal y el derecho a la libertad de asociación, reconocidos todos ellos y respectivamente por los artículos 6, 7 y 11 del CEDH.
El Gobierno Vasco considera vulnerado su derecho a un proceso equitativo, como consecuencia del rechazo del TC a admitir la recusación de su presidente, Manuel Jiménez de Parga, "dada su pública y palmaria falta de imparcialidad para entender del citado recurso".
En este sentido recuerda que Jiménez de Parga "llegó a expresar públicamente y en pleno proceso de sustanciación del recurso de inconstitucionalidad su deseo de que lo hagamos lo mejor que sepamos y consigamos una ilega..., digo, una solución favorable , a pesar de lo cual, no sólo se negó a abstenerse de participar en la deliberación y fallo del recurso de inconstitucionalidad, sino que, además, lo hizo en calidad de ponente de la sentencia". Es decir, que el Gobierno vasco se basa en una palabra que ni siquiera se pronunció.
Además, el Gobierno Vasco entiende que la Ley de Partidos infringe el principio de legalidad penal "que, por una parte, impide castigar como delictivas conductas que previamente no estuvieran tipificadas como tales, y por otra, exige que esas leyes sean, además de previas, claras y precisas en la delimitación de dichas conductas". Según el acuerdo adoptado por el Ejecutivo de Vitoria, la Ley "vulnera el principio de irretroactividad" y, en cuanto a la delimitación de las conductas delictivas, "se caracteriza por ser ambigua, farragosa e imprecisa", por lo que "deja a la subjetividad del juez la determinación de qué conductas son o no punibles".
En atención a todo lo expuesto, el Gobierno Vasco "solicita del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declare que la sentencia del TC desestimatoria del recurso de inconstitucionalidad" se dictó "con infracción del derecho a un tribunal imparcial reconocido por el artículo 6 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos".
Asimismo solicita que "declare que los preceptos de la citada Ley impugnados en su día en el mencionado recurso de inconstitucionalidad infringen los artículos 6, 7 y 11 del Convenio", y que "en consecuencia, ordene al Estado español que acate su resolución, adoptando las medidas que conforme al ordenamiento interno sean precisas para que queden sin efecto" la sentencia del TC y los artículos de la Ley objeto de recurso.
El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Jon Imaz, compareció ante los medios de comunicación, tras la reunión habitual de los martes, y dio a conocer este acuerdo. En concreto, el Ejecutivo vasco entiende que la Ley Orgánica de Partidos Políticos y sentencia del TC del 12 de marzo, dictada en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la citada Ley por el propio Gobierno Vasco, contravienen el derecho al juez imparcial y a un proceso equitativo, el principio de legalidad penal y el derecho a la libertad de asociación, reconocidos todos ellos y respectivamente por los artículos 6, 7 y 11 del CEDH.
El Gobierno Vasco considera vulnerado su derecho a un proceso equitativo, como consecuencia del rechazo del TC a admitir la recusación de su presidente, Manuel Jiménez de Parga, "dada su pública y palmaria falta de imparcialidad para entender del citado recurso".
En este sentido recuerda que Jiménez de Parga "llegó a expresar públicamente y en pleno proceso de sustanciación del recurso de inconstitucionalidad su deseo de que lo hagamos lo mejor que sepamos y consigamos una ilega..., digo, una solución favorable , a pesar de lo cual, no sólo se negó a abstenerse de participar en la deliberación y fallo del recurso de inconstitucionalidad, sino que, además, lo hizo en calidad de ponente de la sentencia". Es decir, que el Gobierno vasco se basa en una palabra que ni siquiera se pronunció.
Además, el Gobierno Vasco entiende que la Ley de Partidos infringe el principio de legalidad penal "que, por una parte, impide castigar como delictivas conductas que previamente no estuvieran tipificadas como tales, y por otra, exige que esas leyes sean, además de previas, claras y precisas en la delimitación de dichas conductas". Según el acuerdo adoptado por el Ejecutivo de Vitoria, la Ley "vulnera el principio de irretroactividad" y, en cuanto a la delimitación de las conductas delictivas, "se caracteriza por ser ambigua, farragosa e imprecisa", por lo que "deja a la subjetividad del juez la determinación de qué conductas son o no punibles".
En atención a todo lo expuesto, el Gobierno Vasco "solicita del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declare que la sentencia del TC desestimatoria del recurso de inconstitucionalidad" se dictó "con infracción del derecho a un tribunal imparcial reconocido por el artículo 6 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos".
Asimismo solicita que "declare que los preceptos de la citada Ley impugnados en su día en el mencionado recurso de inconstitucionalidad infringen los artículos 6, 7 y 11 del Convenio", y que "en consecuencia, ordene al Estado español que acate su resolución, adoptando las medidas que conforme al ordenamiento interno sean precisas para que queden sin efecto" la sentencia del TC y los artículos de la Ley objeto de recurso.