(Libertad Digital) La "muerte social" de la que tan amargamente se quejó en una entrevista Elena Cué, mujer de Alberto Cortina, se va a hacer esperar. Por lo menos hasta el año 2004, que será cuando el Ministerio de Justicia decida si los Albertos entran o no en prisión, después de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid haya accedido a suspender la ejecución de la pena de tres años y cuatro meses de cárcel impuesta a los ex banqueros. La decisión de la juez María Luisa Aparicio, contraria a lo que había solicitado el Ministerio Fiscal y las acusaciones, se basa en que Cortina y Alcocer carecen de antecedentes penales y ya han consignado prácticamente en su totalidad el importe de las indemnizaciones fijadas en la sentencia -24,55 millones de euros más intereses-. La juez considera, además, que las penas impuestas no son elevadas y, por ello, entiende que debe suspenderse la ejecución puesto que si se concede el indulto y ya han cumplido la condena, la finalidad de la medida de gracia sería "ilusoria". María Luisa Aparicio añade en su escrito que siempre se ha decantado por la suspensión de la pena cuando se cumplían estos requisitos -ausencia de antecedentes, penas poco elevadas y pago de indemnización- y explica que estos criterios están fijados para "tratar de garantizar una igualdad de trato ante situaciones sustancialmente idénticas".
Un error en la sentencia
Por si fuera poco, la sentencia contiene un error al referirse a la duración de las penas de cárcel a las que los ex banqueros han sido condenados por el Tribunal Supremo, puesto que cita una pena de 8 meses por falsedad de documento, cuando el alto Tribunal les impuso un año de cárcel por este delito.
Por otra parte, la juez recuerda en sus autos que la decisión tomada este viernes no supone anular la pena a la que fueron condenados Cortina y Alcocer, sino únicamente un aplazamiento, ya que si el Ministerio de Justicia les deniega el indulto, deberán cumplir la sentencia. La resolución de un indulto suele demorarse en torno a un año, con lo que los financieros no entrarían en prisión si se les deniega hasta al menos principios del 2004, es decir, 17 años después de cometidos los delitos. La juez afirma que existen casos excepcionales en los que el Ministerio de Justicia ha emitido su resolución en dos o tres meses. Sin embargo, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que “el trámite va a ser el normal, porque si no fuera el normal estableceríamos un trámite distinto al resto de los ciudadanos, cosa que no parece razonable".