L D (EFE) Según informaron fuentes jurídicas, el magistrado ha citado al director general del ente público, Andoni Ortuzar; al director coordinador de EITB, Julián Beloki; y al director de la televisión vasca (ETB), Bingen Zupiria. Ruiz Polanco asumió en mayo pasado la investigación de los hechos después de recibir la denuncia de un particular sobre éstos, lo que motivó el archivo de las diligencias que, horas antes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había abierto en relación con este asunto.
A su vez, la Fiscalía había abierto diligencias después de que el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, instara a este órgano a "esclarecer las circunstancias en que se produjo" la emisión de las declaraciones de miembros de ETA.
ETB difundió una grabación en la que tres miembros de ETA encapuchados criticaban el Plan Ibarretxe, decían que por parte de la banda "no existe ningún alto el fuego táctico" y pedían el voto nulo en las elecciones municipales y forales del 25 de mayo en apoyo de las candidaturas anuladas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Con las diligencias abiertas, el ministerio público trataba de determinar si los responsables de este medio de comunicación pudieron cometer un delito de enaltecimiento del terrorismo o uno de colaboración con banda armada, al ceder espacio en su emisión a miembros de una organización terrorista que pidieron el voto para una determinada formación política.
A su vez, la Fiscalía había abierto diligencias después de que el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, instara a este órgano a "esclarecer las circunstancias en que se produjo" la emisión de las declaraciones de miembros de ETA.
ETB difundió una grabación en la que tres miembros de ETA encapuchados criticaban el Plan Ibarretxe, decían que por parte de la banda "no existe ningún alto el fuego táctico" y pedían el voto nulo en las elecciones municipales y forales del 25 de mayo en apoyo de las candidaturas anuladas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Con las diligencias abiertas, el ministerio público trataba de determinar si los responsables de este medio de comunicación pudieron cometer un delito de enaltecimiento del terrorismo o uno de colaboración con banda armada, al ceder espacio en su emisión a miembros de una organización terrorista que pidieron el voto para una determinada formación política.