L D (EFE) En el borrador, de diecisiete páginas, se actualizan las catorce recomendaciones del Pacto de Toledo de 1995 sobre pensiones –fruto del consenso de todas las fuerzas políticas del Parlamento– y se les añaden otras cinco. El documento acordado deberá ahora ser revisado por la Comisión no permanente del Pacto de Toledo –los próximos días 24 y 25–, que lo remitirá al Pleno del Congreso en octubre próximo para obtener su visto bueno, sin rango de ley. Una vez logrado, los agentes sociales podrán utilizarlo en sus negociaciones con el Gobierno para mejorar y garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones en el futuro.
Entre sus recomendaciones, la Comisión no defiende que se amplíe a toda la vida laboral el cómputo para calcular la cuantía de las pensiones, sino que se refuerce el principio de contributividad para lograr "una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización realizado". Otra recomendación actualizada se refiere a la separación y clarificación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, sobre el que la Comisión aboga por reducir de doce a cinco años el plazo que tiene el Gobierno para asumir el coste de los llamados complementos a mínimos –para las pensiones mínimas y que son sufragados de los excedentes de las cotizaciones sociales–.
La Comisión también considera necesario el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones , que los excedentes por cotizaciones se destinen "fundamentalmente" al Fondo de Reserva, la existencia de sólo dos grandes regímenes en la Seguridad Social y la adecuación de las bases de cotización a los salarios realmente percibidos. Asimismo, defiende las políticas de bonificaciones y exoneraciones para apoyar la integración laboral de la mujer y de las personas de más edad, y que se limiten las prejubilaciones y se incentive la permanencia en el trabajo más allá de la edad de jubilación.
Otras indicaciones se centran en la importancia de que se empleen las nuevas tecnologías para mejorar la información de la Seguridad Social al ciudadano, de que se incrementen las prestaciones por viudedad y orfandad y de que se "facilite y prime" la extensión e incorporación de planes de pensiones de empleo y seguros colectivos . En cuanto a las recomendaciones adicionales, hacen hincapié en la protección social de las nuevas formas de trabajo (parcial, temporal), de la mujer (conciliación de la vida laboral y familiar y equiparación de sueldos entre sexos), de la dependencia (personas que por edad, enfermedad o deficiencia necesitan asistencia) y de la discapacidad.
La última de las recomendaciones nuevas es sobre el fenómeno de la inmigración , del que se dice que hay que arbitrar "las medidas oportunas para que la afluencia de ciudadanos de otros países se realice de modo que se garantice su incorporación al mercado de trabajo y al sistema de protección social con plenitud de derechos y obligaciones".
El borrador destaca además que, transcurridos cinco años desde la aprobación del presente informe, el Congreso de los Diputados procederá a una revisión general del grado de cumplimiento de las recomendaciones aportadas.
Entre sus recomendaciones, la Comisión no defiende que se amplíe a toda la vida laboral el cómputo para calcular la cuantía de las pensiones, sino que se refuerce el principio de contributividad para lograr "una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización realizado". Otra recomendación actualizada se refiere a la separación y clarificación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, sobre el que la Comisión aboga por reducir de doce a cinco años el plazo que tiene el Gobierno para asumir el coste de los llamados complementos a mínimos –para las pensiones mínimas y que son sufragados de los excedentes de las cotizaciones sociales–.
La Comisión también considera necesario el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones , que los excedentes por cotizaciones se destinen "fundamentalmente" al Fondo de Reserva, la existencia de sólo dos grandes regímenes en la Seguridad Social y la adecuación de las bases de cotización a los salarios realmente percibidos. Asimismo, defiende las políticas de bonificaciones y exoneraciones para apoyar la integración laboral de la mujer y de las personas de más edad, y que se limiten las prejubilaciones y se incentive la permanencia en el trabajo más allá de la edad de jubilación.
Otras indicaciones se centran en la importancia de que se empleen las nuevas tecnologías para mejorar la información de la Seguridad Social al ciudadano, de que se incrementen las prestaciones por viudedad y orfandad y de que se "facilite y prime" la extensión e incorporación de planes de pensiones de empleo y seguros colectivos . En cuanto a las recomendaciones adicionales, hacen hincapié en la protección social de las nuevas formas de trabajo (parcial, temporal), de la mujer (conciliación de la vida laboral y familiar y equiparación de sueldos entre sexos), de la dependencia (personas que por edad, enfermedad o deficiencia necesitan asistencia) y de la discapacidad.
La última de las recomendaciones nuevas es sobre el fenómeno de la inmigración , del que se dice que hay que arbitrar "las medidas oportunas para que la afluencia de ciudadanos de otros países se realice de modo que se garantice su incorporación al mercado de trabajo y al sistema de protección social con plenitud de derechos y obligaciones".
El borrador destaca además que, transcurridos cinco años desde la aprobación del presente informe, el Congreso de los Diputados procederá a una revisión general del grado de cumplimiento de las recomendaciones aportadas.