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España intentará que la Constitución europea respete su actual estatus dentro de la Unión

Este fin de semana se inicia la Conferencia Intergubernamental (CIG) en Roma, con la presencia de 25 jefes de Estado o de Gobierno de la UE, que comenzarán a redactar la primera Constitución continental que compartirán 550 millones de ciudadanos en 2006. El presidente José María Aznar, que ya se encuentra en Roma, intentará conseguir que España mantenga su estatus en lo que al voto se refiere y en la composición de la Comisión.

LD (EFE) El extenso programa de trabajo presentado por la presidencia italiana augura una negociación ardua, que debe culminar antes del 1 de mayo de 2004, cuando 10 nuevos países ingresen en la Unión. Aunque el espíritu de los dirigentes europeos es mantener el equilibrio institucional alcanzado en la Convención y no modificar en profundidad sus acuerdos, varios países ya han mostrado su descontento con asuntos sensibles, como la modificación del sistema de votos en el Consejo, la reforma de la Comisión o la reseña al cristianismo entre los valores de la Unión.

Respecto al sistema de votaciones, el artículo 24 del proyecto de Constitución establece, a partir de 2009, un procedimiento de decisión por "mayoría cualificada", entendida como "mayoría de Estados miembros que represente al menos las tres quintas partes de la población de la Unión". Con esta nueva fórmula , y en contra del sistema del Tratado de Niza, países como España o Polonia tendrían pocas opciones para bloquear con otros aliados decisiones pactadas por los "grandes" . España perdería, por tanto, las ventajas logradas en Niza (27 votos, sólo dos menos que los cuatro países grandes de la Unión: Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña, a pesar de que la población es mucho menor).

Otro asunto que con toda seguridad se pondrá sobre la mesa será la futura composición de la Comisión Europea , integrada por 13 comisarios con derecho a voto -en lugar de los 19 actuales-, y otros 15 "sin voto", además del presidente y el ministro de Exteriores europeo, que actuará como vicepresidente. La Comisión, que acudirá a la CIG al igual que el Parlamento como oyente, y los países menos poblados de la Unión, rechazan esa posibilidad porque temen no estar representados.

La inclusión de una referencia a "las herencias culturales, religiosas y humanistas de Europa", sin mencionar el "cristianismo", también levanta las críticas de algunos países (España, Irlanda o Polonia). Hungría pretende una mención a la no discriminación de las minorías en el preámbulo, Finlandia y Austria que se reabra la parte III del proyecto de Tratado (desarrollo de políticas comunitarias) y Gran Bretaña pone "peros" al concepto de "cooperación reforzada".

Para superar todos estos escollos, Finlandia, Austria, Estonia y Lituania han propuesto crear "grupos de trabajo", como hizo la Convención, dedicados a analizar temas espinosos, propuesta a la que se oponen Alemania y Francia aduciendo que las reuniones de la CIG deben celebrarse únicamente a nivel ministerial. Por el momento, sólo los seis países fundadores de la Unión (Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo) exigen que el proyecto constitucional sufra únicamente leves retoques.

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