LD (EFE) El Congreso ha aprobado por 228 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones el citado documento, que recoge 22 recomendaciones con las que mantener la viabilidad de las pensiones en los próximos cinco años. De los seis votos en contra, dos correspondieron al BNG y el resto a diputados del PP que se equivocaron , mientras que las abstenciones fueron de los parlamentarios de IU y de ERC.
Catorce de las recomendaciones ya estaban incluidas en el Pacto de Toledo de 1995 , por lo que la Comisión se ha limitado a su revisión y actualización, mientras que el resto son nuevas, trabajo que en conjunto le ha llevado tres años. Las del primer bloque se refieren a la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social -el Estado deberá asumir los complementos a mínimos en cinco años, en vez de en doce-, a la revalorización anual de las pensiones -en función del IPC previsto por el Gobierno- y al Fondo de Reserva -a él se destinarán fundamentalmente los excedentes de las cotizaciones sociales-.
También señalan que se deberá tender a la simplificación de los diferentes regímenes de la Seguridad Social, que es positiva la existencia de un único tope máximo de cotización para todas las categorías laborales y que las políticas de bonificaciones y exoneraciones de cotizaciones sociales pueden ser un instrumento útil para favorecer la incorporación o permanencia de colectivos.
Además, se apuesta por seguir luchando contra el fraude, reforzar el principio de contributividad -los años que se cotizan para recibir una prestación y que ahora son quince-, que la edad de jubilación real (63) se aproxime a la legal (65) y continuar mejorando las cuantías por viudedad y orfandad, y los sistemas complementarios . Las recomendaciones nuevas defienden una mayor incorporación de la mujer al trabajo y se insta a afrontar retos de futuro como son la dependencia, la inmigración y la discapacidad.
El Congreso rechaza todos los votos particulares
Los once votos particulares fueron presentados por IU (3), PNV (2), PSOE, (1), CiU (1), PA (1), ICV (1), BNG (1) y ERC (1). El del PSOE tenía como objetivo la extensión a todas las parejas de hecho, independientemente de su orientación sexual, del derecho a percibir pensiones de viudedad y orfandad. Los de IU fueron para que se equiparen las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, se mantengan los quince años para el cálculo de las prestaciones y se eliminen los topes máximos de desgravación en los planes complementarios. Los del resto de grupos parlamentarios coincidieron, principalmente, en una reclamación: que se respeten las competencias autonómicas en materia de gestión de la Seguridad Social y en el pago de complementos asistenciales.
Catorce de las recomendaciones ya estaban incluidas en el Pacto de Toledo de 1995 , por lo que la Comisión se ha limitado a su revisión y actualización, mientras que el resto son nuevas, trabajo que en conjunto le ha llevado tres años. Las del primer bloque se refieren a la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social -el Estado deberá asumir los complementos a mínimos en cinco años, en vez de en doce-, a la revalorización anual de las pensiones -en función del IPC previsto por el Gobierno- y al Fondo de Reserva -a él se destinarán fundamentalmente los excedentes de las cotizaciones sociales-.
También señalan que se deberá tender a la simplificación de los diferentes regímenes de la Seguridad Social, que es positiva la existencia de un único tope máximo de cotización para todas las categorías laborales y que las políticas de bonificaciones y exoneraciones de cotizaciones sociales pueden ser un instrumento útil para favorecer la incorporación o permanencia de colectivos.
Además, se apuesta por seguir luchando contra el fraude, reforzar el principio de contributividad -los años que se cotizan para recibir una prestación y que ahora son quince-, que la edad de jubilación real (63) se aproxime a la legal (65) y continuar mejorando las cuantías por viudedad y orfandad, y los sistemas complementarios . Las recomendaciones nuevas defienden una mayor incorporación de la mujer al trabajo y se insta a afrontar retos de futuro como son la dependencia, la inmigración y la discapacidad.
El Congreso rechaza todos los votos particulares
Los once votos particulares fueron presentados por IU (3), PNV (2), PSOE, (1), CiU (1), PA (1), ICV (1), BNG (1) y ERC (1). El del PSOE tenía como objetivo la extensión a todas las parejas de hecho, independientemente de su orientación sexual, del derecho a percibir pensiones de viudedad y orfandad. Los de IU fueron para que se equiparen las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, se mantengan los quince años para el cálculo de las prestaciones y se eliminen los topes máximos de desgravación en los planes complementarios. Los del resto de grupos parlamentarios coincidieron, principalmente, en una reclamación: que se respeten las competencias autonómicas en materia de gestión de la Seguridad Social y en el pago de complementos asistenciales.