L D (EFE) Diego, objeto de múltiples resoluciones judiciales y administrativas que en su corta existencia le han hecho peregrinar por varias familias y centros de acogida, dejó de nuevo de estar al lado de su madre, el 26 de septiembre, al hacer cargo de él la Comunidad de Madrid y desde ayer la Junta de Castilla y León. Apartado de su madre biológica al nacer, llevaba viviendo con ella desde el 24 de noviembre de 2002, cuando un juez de Salamanca puso punto final a esta historia sobre la adopción.
El niño nació el 4 de enero de 1999 y enseguida fue apartado de su madre, Margarita Bernal, y de su padre, Luis Lucas, e internado en un centro de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. A Margarita se le había diagnosticado una enfermedad mental que la empujaba de la euforia a la depresión (trastorno bipolar), mientras que su padre, Luis, había sido ya ingresado varias veces en centros de Salamanca víctima de esquizofrenia.
A los cinco meses, un matrimonio del pueblo soriano de El Royo se cruzó en su vida. Carlos de Francisco y Raquel Gómez habían intentado en vano tener hijos y se decidieron por la adopción. El pequeño llegó al que sería su nuevo hogar en régimen de preadopción hasta que la Junta tomara una decisión. Diego comenzó a vivir así en suelo soriano, donde permaneció los siguientes 22 meses.
Utilizado como "terapia" por decisión judicial
En octubre de 2000, el juez Luciano Salvador Ullán dictaminó que Diego fuera ingresado en un centro de acogida de Salamanca para estar cerca de su madre, ya que, según se declaraba en la sentencia, el niño servirá de "terapia" para la recuperación de su madre. A su pesar, los padres preadoptivos entregaron al niño a los técnicos de la Junta que, conforme a la sentencia, le internaron en un centro de acogida. Pero en ese momento un tía materna, María Antonia Bernal, se ofreció a hacerse cargo del menor.
La situación que pasó a vivir el niño fue denunciada por el ejecutivo regional, que no compartía la decisión judicial y por ello recurrió ante el Tribunal Supremo contra el auto de la Audiencia de Salamanca que determinó que el niño suspendiera su relación con sus padres preadoptivos de Soria. A su vez, los padres temporales había emprendido diferentes iniciativas destinadas a conseguir que el niño les fuera devuelto y entregado en adopción e incluso se fundó la "Asociación Amigos de Diego". A los tres meses de su regreso a Salamanca, la tía del niño denunció amenazas constantes por parte de Margarita y renunció a su custodia. El niño volvió así a ser ingresado en un centro de acogida, donde su madre podía acudir a visitarlo.
El 6 de junio de 2002, la madre decidió no devolver al niño al centro de acogida y la Junta denunció el incumplimiento. Poco después, los tribunales volvieron a dar la razón a la madre, a la que otorgaron la custodia temporal. Meses más tarde, el 13 de noviembre, el juez Ullán concedió la custodia definitiva del niño a Margarita Bernal porque no existía "ninguna razón" para mantener el alejamiento. Desde entonces, Diego ha estado junto a su familia biológica en especiales circunstancias. El pasado abril, su padre fue detenido e internado en un centro de salud mental tras prender fuego a su vivienda.
El niño nació el 4 de enero de 1999 y enseguida fue apartado de su madre, Margarita Bernal, y de su padre, Luis Lucas, e internado en un centro de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. A Margarita se le había diagnosticado una enfermedad mental que la empujaba de la euforia a la depresión (trastorno bipolar), mientras que su padre, Luis, había sido ya ingresado varias veces en centros de Salamanca víctima de esquizofrenia.
A los cinco meses, un matrimonio del pueblo soriano de El Royo se cruzó en su vida. Carlos de Francisco y Raquel Gómez habían intentado en vano tener hijos y se decidieron por la adopción. El pequeño llegó al que sería su nuevo hogar en régimen de preadopción hasta que la Junta tomara una decisión. Diego comenzó a vivir así en suelo soriano, donde permaneció los siguientes 22 meses.
Utilizado como "terapia" por decisión judicial
En octubre de 2000, el juez Luciano Salvador Ullán dictaminó que Diego fuera ingresado en un centro de acogida de Salamanca para estar cerca de su madre, ya que, según se declaraba en la sentencia, el niño servirá de "terapia" para la recuperación de su madre. A su pesar, los padres preadoptivos entregaron al niño a los técnicos de la Junta que, conforme a la sentencia, le internaron en un centro de acogida. Pero en ese momento un tía materna, María Antonia Bernal, se ofreció a hacerse cargo del menor.
La situación que pasó a vivir el niño fue denunciada por el ejecutivo regional, que no compartía la decisión judicial y por ello recurrió ante el Tribunal Supremo contra el auto de la Audiencia de Salamanca que determinó que el niño suspendiera su relación con sus padres preadoptivos de Soria. A su vez, los padres temporales había emprendido diferentes iniciativas destinadas a conseguir que el niño les fuera devuelto y entregado en adopción e incluso se fundó la "Asociación Amigos de Diego". A los tres meses de su regreso a Salamanca, la tía del niño denunció amenazas constantes por parte de Margarita y renunció a su custodia. El niño volvió así a ser ingresado en un centro de acogida, donde su madre podía acudir a visitarlo.
El 6 de junio de 2002, la madre decidió no devolver al niño al centro de acogida y la Junta denunció el incumplimiento. Poco después, los tribunales volvieron a dar la razón a la madre, a la que otorgaron la custodia temporal. Meses más tarde, el 13 de noviembre, el juez Ullán concedió la custodia definitiva del niño a Margarita Bernal porque no existía "ninguna razón" para mantener el alejamiento. Desde entonces, Diego ha estado junto a su familia biológica en especiales circunstancias. El pasado abril, su padre fue detenido e internado en un centro de salud mental tras prender fuego a su vivienda.