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QUE NO DECLARÓ A LA HACIENDA FORAL

El entramado financiero de Egunkaria manejó 15 millones de euros de origen desconocido

Las empresas del entramado de Egunkaria manejaron más de 15 millones de euros de origen desconocido y durante cinco años no declararon a la Hacienda Foral. Según la instrucción del juez Del Olmo, las nueve sociedades mercantiles recibieron subvenciones por valor de 9 millones de euros y ocultaron sus beneficios para obtener esas ayudas procedentes, en su mayoría, del Gobierno vasco. En la operación se ha detenido a ocho personas.

(Libertad Digital) La Guardia Civil registró en San Sebastián la sede de la distribuidora Zabaltzen (perteneciente a la Fundación Euskalgintza Elkarlanean Fundatzioa) y efectuó varios registros en el parque empresarial Martín Ugalde, de Andoain (Guipúzcoa), en el que tienen sus instalaciones el diario Egunkaria y el periódico que le sustituyó, Berria. Las ocho personas detenidas en la madrugada de este jueves en Guipúzcoa y Navarra trabajan en empresas relacionadas con el "entramado Egunkaria". En la operación realizada por la Guardia Civil, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, se han practicado trece registros en los domicilios y lugares de trabajo de los arrestados, algunos de los cuales han sido ya trasladados a Madrid, y se han incautado de los ordenadores de los trabajadores de Berria.

La Guardia Civil ha detenido en San Sebastián a Mikel Arrizabalaga –apoderado de Fundación Elkarlanean–, Xabier Legarra –contable de la Fundación– y Mikel Sorzabal –gerente de la editorial Zabaltzen–. José María Sors –dirigente de la fundación de la que emanan las empresas investigadas y promotor del parque empresarial Martín Ugalde–, fue arrestado en Rentería. En las localidades guipuzcoanas de Hernani y Tolosa fueron detenidos, respectivamente, Juan María Larrarte (que fue portavoz de los trabajadores de Egunkaria) y Armando Hernández. En Estella (Navarra), la Guardia Civil apresó a Ángel Ramón Díez Elosegui (administrador de Buruntzape y directivo de Gráficas Lizarra y candidato a las pasadas elecciones municipales por la lista de la Agrupación Independiente Iranzu de Villatuerta).

Las nueve empresas investigadas son Atez Ate Banaketa Zerbitzuak, dedicada a la distribución; Tolosaldeko Komunikabideak, editora del periódico Egunero; Ardatz Komunikazio Zerbitzuak, relacionada con la publicidad; Herri Informazioa y Egunkariaren Lagunak Kultur Elkartea, ambas con labores de capitalización. Egunkaria Association, supuesta editora de Egunkaria en Francia; Plazagunea, servidor de internet; Buruntzape, con labores de gestión del parque Martín Ugalde y Saioa Edizioak, integran también la lista de estas compañías, muchas de las cuales están ubicadas en el parque Martín Ugalde de Andoain (Guipúzcoa).

José María Sors, cerebro de toda la trama

Las agencias de información EFE y Europa Press destacan la detención de José María Sors Bagués como el cerebro de toda la trama y cuyo nombre aparece en los consejos de administración de varias empresas supuestamente relacionadas con ETA. Sors figura como gerente de la editorial y distribuidora en lengua vasca Euskal Kulturgintza, que controla a su vez a la empresa Buruntzape S.L. de Andoain. Esta promotora está vinculada con la sociedad Tolosa Edeko Komunita Bideak, que edita el diario Egunero, que sustituyó durante algún tiempo al clausurado Egunkaria y todas ellas relacionadas con la Fundación Elkarlanean. Estas compañías investigadas, precisaron las mismas fuentes, tenían una actividad que en algunos casos se revelaba como "nula" lo que no impedía que recibieran subvenciones del Gobierno vasco. Según la agencia Europa Press, en la instrucción del juez Del Olmo se cifran las ayudas en 9 millones de euros, de los que la mayor parte procedería de las arcas públicas de Vitoria. Precisamente lo que se investiga es el fraude en estas subvenciones y el blanqueo de dinero. En este sentido, admás, de no estar al corriente de Hacienda, la facturación que presentaba Egunkaria en sus libros llegaba a consignar ventas de 220.000 ejemplares en la provincia de Álava cuando su tirada comercializada no superaba los 92.000.

La operación está relacionada con la clausura del diario Egunkaria, llevada a cabo en febrero pasado debido a que, según el juez, estaba dirigido por ETA. Este cierre fue prorrogado a mediados de julio por el juez Del Olmo, que decretó asimismo la suspensión de actividades y el bloqueo de las cuentas relacionadas con el diario y las dos sociedades a el vinculadas: Egunkaria S.A. y Egunkaria Sortzen. Tras el registro y cierre del diario, el juez de la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión de cinco de los diez detenidos en febrero pasado por pertenencia o colaboración con ETA y decretó fianzas de entre 12.000 y 30.000 euros para otros cuatro directivos del periódico.

Otegi, Azkarraga, PNV y Elkarri, en defensa de Egunkaria

Por su parte, el portavoz parlamentario de Socialista Abertzaleak (heredera de Batasuna-ETA), Arnaldo Otegi, ha instado a la sociedad vasca a responder "con contundencia" a la última operación desarrollada por la Guardia Civil y a decirle al Gobierno del PP que "hagan lo que hagan, van a perder". Otegi (que ha sido acusado por Xabier Alegría, uno de los responsables de Egunkaria, de tener conexiones directas con ETA) realizó estas manifestaciones en el Parque Cultural Martín Ugalde en Andoain (Gipuzcoa), uno de los lugares donde se desarrollo el operativo policial.

El batasuno calificó la operación desarrollada de "sumamente grave" y añadió que "mientras que a los vascos nos cuesta mucho esfuerzo construir nuestra cultura, periódicos o sistema educativo, basta una orden de un juez español para intentar echarlo por tierra". Además, volvió a utilizar el argumento de las supuestas torturas a los detenidos, tal y como marca el manual de ETA en estos casos. En la misma línea, el coordinador de Elkarri, Jonan Fernández, dijo que la operación de la Guardia Civil ordenada por la Audiencia Nacional no le merece "ninguna confianza" y considera que se dan "todos los elementos" para una denuncia social.

Mientras, el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga , calificó de actuación "político-judicial" la operación ordenada por la Audiencia Nacional y exigió que se aclare "cuanto antes" para "que no se tenga en la duda a medios de comunicación y a gente que trabaja en el ámbito de la cultura". "Da la impresión de que cualquiera que trabaja en el ámbito de la cultura vasca y del euskera, tiene que demostrar su inocencia o está más impregnado por la imputación de una cierta culpabilidad", declaró Azkarraga. Por último, el PNV afirmó estar "alarmado" por la operación policial contra empresas relacionadas con Egunkaria por considerar que es "una vuelta de tuerca en la carrera por cerrar el camino al desarrollo del euskera y de la cultura vasca". En un comunicado leído en Bilbao por la secretaria de la Ejecutiva del PNV, Josune Ariztondo, señala que esta operación "toma como excusa la lucha antiterrorista" para atacar a la cultura vasca y "recortar el libre pensamiento y la libertad de expresión".

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