L D (Agencias) La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal salió del Senado con varias enmiendas aprobadas, que sólo tenían que ser ratificadas por el Congreso para salir adelante. Entre las modificaciones se establecía la obligatoriedad de los sospechosos de delitos graves a someterse a la prueba de ADN, se extendía la aplicación de los juicios rápidos a delitos de daños, de venta callejera de droga y de piratería intelectual, y se activaban una serie de mecanismos de alerta en los juzgados para evitar la excarcelación de presos tras cumplir la duración máxima de la prisión preventiva sin haber sido juzgados.
Todos estos cambios legales, que se habían introducido en el Senado, se pusieron en marcha en las últimas semanas, sobre todo después de que un juez dejara en libertad el pasado mes de agosto a Francisco Gómez Simón, el único acusado del llamado "crimen de Benifallim". En 1999 aparecieron tres personas muertas en una finca de esta localidad alicantina. Gómez Simón ha permanecido en la cárcel cuatro años, el tiempo máximo de la prisión preventiva, por lo que el juez tuvo que dejarle en libertad hasta que se celebre el juicio. Algunos de los cambios también se suscitaron tras el llamado "caso Tony King", tras la detención del asesino confeso de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkhof.
Tenía que aprobarse en el Congreso
Tras salir la Ley del Senado, su carácter orgánico obligaba a una votación final del conjunto del texto, para la que se requiere la mayoría absoluta (176 votos). La votación final arrojó un resultado de 171 votos a favor (PP, CiU, PNV y CC), 86 en contra y una abstención, con lo que faltaron cinco apoyos para que el texto final incluyese las 18 enmiendas promovidas por el PP en la Cámara Alta y las cinco que plantearon los senadores del grupo de CiU. En el momento de la votación estaban ausentes 92 diputados, de los cuales 14 eran del PP (a los que hay que sumar los siete ministros que son diputados), 39 del PSOE, seis de IU, otros seis de CiU, los siete del PNV, dos de Coalición Canaria y los ocho del grupo Mixto, así como tres miembros de la Mesa.
El portavoz del PP en la comisión de Justicia, Leocadio Bueso, acusó a los socialistas de "irresponsabilidad" por haber votado en contra del conjunto de la reforma con el único afán, en su opinión, de dañar al Gobierno "dentro de su estrategia electoral", en la que situó también la ruptura del Pacto por la Justicia. El diputado del PP descargó de responsabilidad a los diputados ausentes, especialmente a los del PP, "porque hay una serie de necesidades parlamentarias -dijo- y se tiene que estar en otros foros".
Por su parte, el portavoz socialista, Javier Barrero, consideró una "irresponsabilidad y frivolidad" la ausencia de diputados del grupo 'popular', hecho que, a su juicio, parece "algo habitual" desde el nombramiento de Mariano Rajoy como secretario general del PP. A pesar de que su grupo fue el que registró más ausencias, Barrero opinó que la ausencia de los diputados del grupo mayoritario es una "tomadura de pelo a la Cámara y a la democracia, y un síntoma del carácter poco amigable" que el grupo popular mantiene frente al Senado, ya que "está minusvalorando la labor" de la Cámara Alta al presentar sus enmiendas allí y luego no aprobarlas en el Congreso.
Todos estos cambios legales, que se habían introducido en el Senado, se pusieron en marcha en las últimas semanas, sobre todo después de que un juez dejara en libertad el pasado mes de agosto a Francisco Gómez Simón, el único acusado del llamado "crimen de Benifallim". En 1999 aparecieron tres personas muertas en una finca de esta localidad alicantina. Gómez Simón ha permanecido en la cárcel cuatro años, el tiempo máximo de la prisión preventiva, por lo que el juez tuvo que dejarle en libertad hasta que se celebre el juicio. Algunos de los cambios también se suscitaron tras el llamado "caso Tony King", tras la detención del asesino confeso de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkhof.
Tenía que aprobarse en el Congreso
Tras salir la Ley del Senado, su carácter orgánico obligaba a una votación final del conjunto del texto, para la que se requiere la mayoría absoluta (176 votos). La votación final arrojó un resultado de 171 votos a favor (PP, CiU, PNV y CC), 86 en contra y una abstención, con lo que faltaron cinco apoyos para que el texto final incluyese las 18 enmiendas promovidas por el PP en la Cámara Alta y las cinco que plantearon los senadores del grupo de CiU. En el momento de la votación estaban ausentes 92 diputados, de los cuales 14 eran del PP (a los que hay que sumar los siete ministros que son diputados), 39 del PSOE, seis de IU, otros seis de CiU, los siete del PNV, dos de Coalición Canaria y los ocho del grupo Mixto, así como tres miembros de la Mesa.
El portavoz del PP en la comisión de Justicia, Leocadio Bueso, acusó a los socialistas de "irresponsabilidad" por haber votado en contra del conjunto de la reforma con el único afán, en su opinión, de dañar al Gobierno "dentro de su estrategia electoral", en la que situó también la ruptura del Pacto por la Justicia. El diputado del PP descargó de responsabilidad a los diputados ausentes, especialmente a los del PP, "porque hay una serie de necesidades parlamentarias -dijo- y se tiene que estar en otros foros".
Por su parte, el portavoz socialista, Javier Barrero, consideró una "irresponsabilidad y frivolidad" la ausencia de diputados del grupo 'popular', hecho que, a su juicio, parece "algo habitual" desde el nombramiento de Mariano Rajoy como secretario general del PP. A pesar de que su grupo fue el que registró más ausencias, Barrero opinó que la ausencia de los diputados del grupo mayoritario es una "tomadura de pelo a la Cámara y a la democracia, y un síntoma del carácter poco amigable" que el grupo popular mantiene frente al Senado, ya que "está minusvalorando la labor" de la Cámara Alta al presentar sus enmiendas allí y luego no aprobarlas en el Congreso.