(Libertad Digital) El Tribunal Supremo ha archivado la querella del PP contra el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, por supuestas injurias, calumnias, amenazas y coacciones por unas declaraciones de éste sobre lo ocurrido en la Asamblea de Madrid y los tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, según informa EFE.
Los hechos se remontan al pasado mes de junio, tras las elecciones autonómicas y municipales, cuando Llamazares acusó al Partido Popular de pretender "beneficiarse de los tránsfugas", señalaba la existencia "de un entramado en el que no sólo hay una mafia económica sino también una conexión política". "Está demostrado que existen esas amistades peligrosas del PP con respecto a la mafia que está detrás de este intento de golpe en la Comunidad de Madrid y queda por saber si, además de amistades hay vinculaciones políticas directas", añadió el líder comunista. En un auto, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal acuerda el archivo de la querella al decidir, tal y como pidió el Ministerio Público, desestimar la misma "al no constituir los hechos los delitos de injurias y calumnias imputados y con mayor razón si cabe, los de amenazas y coacciones".
La Sala argumenta que a la hora de marcar los límites entre la libertad de expresión y derechos fundamentales de las personas "la jurisprudencia ha reconocido reiteradamente la prevalencia de los derechos de libertad de expresión y de información, en cuanto esenciales para la formación de la opinión pública en toda sociedad democrática (...) cuando de asuntos de interés general se trate y en cuanto puedan afectar a las personas públicas". Según el Alto Tribunal, en el marco de una polémica política –como es el caso–, es evidente que un criterio de ponderación obliga a dar preferencia a la libertad de expresión sobre el honor", y que "las limitaciones a la libertad de expresión, especialmente impuestas por la vía penal, han de verse, en principio, como excepcionales y perturbadoras del juego de las fuerzas normales de la democracia".
La Sala recuerda que las declaraciones de Llamazares que dieron lugar a la interposición de la querella "pueden ser producto lógico del apasionamiento" y haber sido "efectuadas con el único objeto de enervar las estrategias del contrario con el fin de neutralizar al adversario político". Asimismo, añade que "el derecho a manifestar la propia opinión tiene su mayor alcance precisamente en el ámbito de la vida política", y más aún, matiza la Sala, "cuando, como aquí ocurrió, se produce con ocasión de una disputa entablada entre diferentes grupos de representación popular" en el marco de un "conocido ambiente de tensión y enfrentamiento" como el que tuvo lugar tras las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid.
Los hechos se remontan al pasado mes de junio, tras las elecciones autonómicas y municipales, cuando Llamazares acusó al Partido Popular de pretender "beneficiarse de los tránsfugas", señalaba la existencia "de un entramado en el que no sólo hay una mafia económica sino también una conexión política". "Está demostrado que existen esas amistades peligrosas del PP con respecto a la mafia que está detrás de este intento de golpe en la Comunidad de Madrid y queda por saber si, además de amistades hay vinculaciones políticas directas", añadió el líder comunista. En un auto, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal acuerda el archivo de la querella al decidir, tal y como pidió el Ministerio Público, desestimar la misma "al no constituir los hechos los delitos de injurias y calumnias imputados y con mayor razón si cabe, los de amenazas y coacciones".
La Sala argumenta que a la hora de marcar los límites entre la libertad de expresión y derechos fundamentales de las personas "la jurisprudencia ha reconocido reiteradamente la prevalencia de los derechos de libertad de expresión y de información, en cuanto esenciales para la formación de la opinión pública en toda sociedad democrática (...) cuando de asuntos de interés general se trate y en cuanto puedan afectar a las personas públicas". Según el Alto Tribunal, en el marco de una polémica política –como es el caso–, es evidente que un criterio de ponderación obliga a dar preferencia a la libertad de expresión sobre el honor", y que "las limitaciones a la libertad de expresión, especialmente impuestas por la vía penal, han de verse, en principio, como excepcionales y perturbadoras del juego de las fuerzas normales de la democracia".
La Sala recuerda que las declaraciones de Llamazares que dieron lugar a la interposición de la querella "pueden ser producto lógico del apasionamiento" y haber sido "efectuadas con el único objeto de enervar las estrategias del contrario con el fin de neutralizar al adversario político". Asimismo, añade que "el derecho a manifestar la propia opinión tiene su mayor alcance precisamente en el ámbito de la vida política", y más aún, matiza la Sala, "cuando, como aquí ocurrió, se produce con ocasión de una disputa entablada entre diferentes grupos de representación popular" en el marco de un "conocido ambiente de tensión y enfrentamiento" como el que tuvo lugar tras las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid.