L D (Agencias) El ministro de Justicia, José María Michavila, junto con otros responsables de su departamento, se reunieron este miércoles con los grupos parlamentarios del PP, CiU y Coalición Canaria para ultimar los cambios de la reforma de la Ley del Menor y del Código Penal que se tramitan en el Senado. Pese a que las reformas también engloban una revisión del delito de encubrimiento y el embargo de bienes a sociedades en casos de narcotráfico, el escándalo del caso Sandra Palo centra la atención a todo lo que pueda afectar a la Ley del Menor.
En este sentido, según explicó en conferencia de prensa el senador popular José Fernández, se acordó en primer lugar reformar el texto para que las víctimas y sus familiares puedan ejercer la acción penal. Hay que recordar que en el juicio por el asesinato de la joven Sandra Palo, ni la familia ni su abogado pudieron hacerlo. De hecho, en un principio ni siquiera se les permitía su presencia en la Sala aunque, por la gravedad del caso, se levantó la prohibición.
Otra medida de extraordinaria importancia en la que parece haber acuerdo hasta ahora se centra en introducir una enmienda para prolongar e incrementar las penas en delitos o faltas de especial gravedad. De nuevo, el caso Sandra Palo puso de manifiesto lo escandaloso de la actual Ley que llevará a un centro de internamiento durante cuatro y ocho años a tres menores que se ensañaron hasta el asesinato con la joven de Getafe.
Pero la ley en vigor también esconde una realidad que afecta ya al régimen de condena: las continuas fugas de los menores de los centros de internamiento. Libertad Digital publicó un informe en el que se detallaban algunos casos de extrema gravedad. Los menores se escapan de los reformatorios, siguen cometiendo delitos mientras están fuera de control penitenciario y hasta provocan fugan masivas en otros centros. El escándalo llega al punto de que hay delincuentes peligrosos en espera de una plaza porque estos centros están saturados. Se da el caso de condenados por asesinato u homicidio que ingresan en centros de desintoxicación para drogadictos adolescentes.
También en este punto parece que el consenso podría traducirse en la creación de centros específicos para el cumplimiento de penas especialmente graves, como ocurre en la Justicia ordinaria, y se estudiará la posibilidad de que los mayores de 18 años (menores cuando cometieron el delito) puedan terminar de cumplir su condena en centros penales ordinarios. Pese a que aún estamos en la fase de ronda de contactos y no hay una dotación presupuestaria concretada, este tipo de cambios exige sin duda desembolso de dinero para crear los citados centros o, al menos, para dotar de medidas de seguridad –simples cámaras de televisión o vigilantes armados– a los que ya existen.
El senador popular consideró que son medidas "que está reclamando la sociedad desde hace tiempo y van a permitir se pueda actuar con mayor firmeza contra unas personas que, con independencia de la juventud que puedan tener, estamos viendo que en los últimos tiempos están cometiendo delitos o faltas especialmente graves". Fernández destacó el alto grado de consenso alcanzado entre los grupos parlamentarios e instó al PSOE "a que vuelva a este consenso que ha abandonado por circunstancias electoralistas y partidistas".
En este sentido, según explicó en conferencia de prensa el senador popular José Fernández, se acordó en primer lugar reformar el texto para que las víctimas y sus familiares puedan ejercer la acción penal. Hay que recordar que en el juicio por el asesinato de la joven Sandra Palo, ni la familia ni su abogado pudieron hacerlo. De hecho, en un principio ni siquiera se les permitía su presencia en la Sala aunque, por la gravedad del caso, se levantó la prohibición.
Otra medida de extraordinaria importancia en la que parece haber acuerdo hasta ahora se centra en introducir una enmienda para prolongar e incrementar las penas en delitos o faltas de especial gravedad. De nuevo, el caso Sandra Palo puso de manifiesto lo escandaloso de la actual Ley que llevará a un centro de internamiento durante cuatro y ocho años a tres menores que se ensañaron hasta el asesinato con la joven de Getafe.
Pero la ley en vigor también esconde una realidad que afecta ya al régimen de condena: las continuas fugas de los menores de los centros de internamiento. Libertad Digital publicó un informe en el que se detallaban algunos casos de extrema gravedad. Los menores se escapan de los reformatorios, siguen cometiendo delitos mientras están fuera de control penitenciario y hasta provocan fugan masivas en otros centros. El escándalo llega al punto de que hay delincuentes peligrosos en espera de una plaza porque estos centros están saturados. Se da el caso de condenados por asesinato u homicidio que ingresan en centros de desintoxicación para drogadictos adolescentes.
También en este punto parece que el consenso podría traducirse en la creación de centros específicos para el cumplimiento de penas especialmente graves, como ocurre en la Justicia ordinaria, y se estudiará la posibilidad de que los mayores de 18 años (menores cuando cometieron el delito) puedan terminar de cumplir su condena en centros penales ordinarios. Pese a que aún estamos en la fase de ronda de contactos y no hay una dotación presupuestaria concretada, este tipo de cambios exige sin duda desembolso de dinero para crear los citados centros o, al menos, para dotar de medidas de seguridad –simples cámaras de televisión o vigilantes armados– a los que ya existen.
El senador popular consideró que son medidas "que está reclamando la sociedad desde hace tiempo y van a permitir se pueda actuar con mayor firmeza contra unas personas que, con independencia de la juventud que puedan tener, estamos viendo que en los últimos tiempos están cometiendo delitos o faltas especialmente graves". Fernández destacó el alto grado de consenso alcanzado entre los grupos parlamentarios e instó al PSOE "a que vuelva a este consenso que ha abandonado por circunstancias electoralistas y partidistas".