(Libertad Digital) La Audiencia Nacional se ha visto obligada a ordenar la búsqueda y captura y la prisión incondicional de seis de los 22 presuntos miembros de una organización dedicada al narcotráfico que en 1999 introdujo en España unos 800 kilos de heroína, por no comparecer al juicio que comenzó este lunes en este tribunal. Las alertas saltaron el viernes por la tarde cuando se percataron de que el jefe de la banda, José Gómes Pires, había desaparecido.
Al comienzo de la vista, la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia dictó la orden para seis de los siete acusados que no comparecieron, pero, posteriormente, la Fiscalía Antidroga solicitó que se decretase también para el séptimo, Manuel Alberto Pavía García, al comprobar que no se encontraba en el hospital de Jerez de la Frontera en el que debía permanecer ingresado.
Al comienzo de la vista, la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia dictó la orden para seis de los siete acusados que no comparecieron, pero, posteriormente, la Fiscalía Antidroga solicitó que se decretase también para el séptimo, Manuel Alberto Pavía García, al comprobar que no se encontraba en el hospital de Jerez de la Frontera en el que debía permanecer ingresado.
Sin embargo, a pesar de que la Sala fue informada durante la vista de que Pavía no se encontraba en el hospital San Juan de Dios, la letrada que le defiende, María Esther García, aseguró a la agencia EFE que a primera hora de la tarde su cliente se hallaba en ese centro hospitalario, al que fue trasladado el sábado desde otro de la misma localidad para recuperarse de una fractura en el codo derecho. Entre los ausentes se encuentra también uno de los principales acusados, el supuesto líder de la organización, José Gomes Pires, alias "el Enano", para quien el fiscal pide 32 años de cárcel y una multa de 100 millones de euros, y que se encuentra en paradero desconocido, tras no conseguir la Audiencia localizarle para notificarle la citación para el juicio.
Gomes Pires fue entregado temporalmente a Portugal poco antes de que cumpliera cuatro años de prisión preventiva, máximo previsto por la ley, sin que hubiera comenzado la vista oral, y el tribunal portugués encargado de juzgarlo decretó la nulidad de la causa y le dejó en libertad sin devolverlo a España al constatar que las autoridades españolas habían decretado su puesta en libertad. Durante la vista oral, la secretaria de la sección relató que en el último mes se ha solicitado en varias ocasiones a las autoridades portuguesas, vía Interpol, la devolución del presunto narcotraficante sin que se haya recibido respuesta alguna sobre su paradero.
Los otros acusados que no comparecieron son Rui Miguel Teixeira (21 años de cárcel y 25 millones de euros), Gregorio Fernández Antón (22 años de cárcel y 27,4 millones de euros), Gloria Güel (15 años y 3,4 millones de euros), el hijo de ambos, Didac Fernández Güel, y Silvia Claudia Marqués (16 años y 25 millones de euros), hija de Gomes Pires. En el caso de Manuel Alberto Alberto Pavía, el fiscal solicita 23 años de cárcel y 27,4 millones de euros de multa.
Gomes Pires fue entregado temporalmente a Portugal poco antes de que cumpliera cuatro años de prisión preventiva, máximo previsto por la ley, sin que hubiera comenzado la vista oral, y el tribunal portugués encargado de juzgarlo decretó la nulidad de la causa y le dejó en libertad sin devolverlo a España al constatar que las autoridades españolas habían decretado su puesta en libertad. Durante la vista oral, la secretaria de la sección relató que en el último mes se ha solicitado en varias ocasiones a las autoridades portuguesas, vía Interpol, la devolución del presunto narcotraficante sin que se haya recibido respuesta alguna sobre su paradero.
Los otros acusados que no comparecieron son Rui Miguel Teixeira (21 años de cárcel y 25 millones de euros), Gregorio Fernández Antón (22 años de cárcel y 27,4 millones de euros), Gloria Güel (15 años y 3,4 millones de euros), el hijo de ambos, Didac Fernández Güel, y Silvia Claudia Marqués (16 años y 25 millones de euros), hija de Gomes Pires. En el caso de Manuel Alberto Alberto Pavía, el fiscal solicita 23 años de cárcel y 27,4 millones de euros de multa.
Ante estas ausencias, la mayoría de los abogados defensores de los acusados solicitaron al tribunal la suspensión del juicio, puesto que, según expusieron los letrados de los ausentes, todos menos Gomes Pires les habían trasladado su intención de acudir a la vista, por lo que su ausencia respondía a motivos de "fuerza mayor". Sin embargo, el presidente de la sección, Siro García, ordenó el comienzo del juicio oral sin la presencia de estos acusados y, tras recordar que la experiencia demuestra que hay "escasas posibilidades" de que los ausentes vayan a comparecer en la vista "en un plazo previsible", manifestó que su ausencia voluntaria no puede vulnerar los derechos de quienes sí se presentaron.
Los 22 procesados están acusados de introducir en España cerca de 800 kilos de heroína en 1999, fueron detenidos durante la denominada "operación carro" y formaban parte de una organización dividida en dos grupos dedicados a la introducción y distribución de la droga, que dirigían Gomes Pires y Antonio "El Gallego", cuya verdadera identidad se desconoce. La Fiscalía pide para los acusados penas que van desde los cuatro hasta los 32 años de cárcel por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y falsedad de documento oficial.
La vista comenzó con la declaración de Gabriel Carracedo Rey, para el que el fiscal pide 22 años de prisión, por crear, junto a su padre, la sociedad "Nauty-Trans S.L", con sede en Villacastín (Segovia), empresa dedicada a la venta de maquinaria agrícola, que "tenía por objeto dar cobertura jurídica y mercantil a los transportes de heroína".
Los 22 procesados están acusados de introducir en España cerca de 800 kilos de heroína en 1999, fueron detenidos durante la denominada "operación carro" y formaban parte de una organización dividida en dos grupos dedicados a la introducción y distribución de la droga, que dirigían Gomes Pires y Antonio "El Gallego", cuya verdadera identidad se desconoce. La Fiscalía pide para los acusados penas que van desde los cuatro hasta los 32 años de cárcel por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y falsedad de documento oficial.
La vista comenzó con la declaración de Gabriel Carracedo Rey, para el que el fiscal pide 22 años de prisión, por crear, junto a su padre, la sociedad "Nauty-Trans S.L", con sede en Villacastín (Segovia), empresa dedicada a la venta de maquinaria agrícola, que "tenía por objeto dar cobertura jurídica y mercantil a los transportes de heroína".