L D (Agencias) Sin otros antecedentes, la propuesta que hace Siro García –que las investigaciones sobre narcotráfico se separen de las de blanqueo de dinero para evitar dilaciones que siempre acaban en fuga– parece acertada.
Lo extraño es que sea el presidente de la Sala de la operación Carro el que abra las críticas. Y lo sorprendente es que se precisamente el juez que más apoyó a los jueces del caso "narco volador" quien se atribuya ahora ese papel. En las fechas de aquél escándalo judicial, el propio Siro García dijo que defendía la inocencia de sus compañeros (los jueces Carlos Cezón, Carlos Ollero y Juan José López Ortega) pero que él "no hubiera cometido ese error". Aunque la propuesta de Siro García es más que lógica, hay que recordar que a finales de febrero de 2002, llegó a suspender momentáneamente un juicio para que tres magistrados de la sección tercera que allí se encontraban salieran a la calle a arropar a los compañeros de la sección cuarta, ya inmersos de lleno en el escándalo. El propio Siro García llevaba del brazo a uno de los protagonistas, a Carlos Cezón.
Blanqueo por un lado, narcotráfico por otro
Pero este martes, el presidente del tribunal que juzga la "operación Carro", estimó en esa inusual comparecencia de la que da cuenta la agencia EFE, que si se hubiese fraccionado el procedimiento se podrían haber evitado las dilaciones y con ello el vencimiento de los 4 años de máximo de prisión preventiva, de la que se han beneficiado 7 acusados, seis de los cuales han huido (otro desapareció del hospital aunque parece que puede ser encontrado).
El propio juez calificó su intervención de "no muy prudente" pero la justificó porque "el fiscal no ha tratado de poner los puntos sobre las íes". Explicó que de no haberse acumulado las investigaciones sobre los delitos de narcotráfico a las de blanqueo de dinero, que, según señaló, suelen ser "muy dilatadas", el procedimiento hubiese sido "más eficaz cara a una mayor fluidez en el enjuiciamiento". El magistrado no culpó de ello al juez instructor, Juan del Olmo, a quien sin nombrar calificó de buen profesional, ni tampoco al fiscal, aunque insistió en que el procedimiento hubiese sido "más eficaz" si "se hubiera hecho posible la celebración de juicios separados para unos delitos y para otros". Es decir, "hubiese sido conveniente fraccionar el procedimiento porque hubiera habido tiempo suficiente para poder haber llegado a la sentencia antes de que vencieran las prisiones provisionales".
El propio juez calificó su intervención de "no muy prudente" pero la justificó porque "el fiscal no ha tratado de poner los puntos sobre las íes". Explicó que de no haberse acumulado las investigaciones sobre los delitos de narcotráfico a las de blanqueo de dinero, que, según señaló, suelen ser "muy dilatadas", el procedimiento hubiese sido "más eficaz cara a una mayor fluidez en el enjuiciamiento". El magistrado no culpó de ello al juez instructor, Juan del Olmo, a quien sin nombrar calificó de buen profesional, ni tampoco al fiscal, aunque insistió en que el procedimiento hubiese sido "más eficaz" si "se hubiera hecho posible la celebración de juicios separados para unos delitos y para otros". Es decir, "hubiese sido conveniente fraccionar el procedimiento porque hubiera habido tiempo suficiente para poder haber llegado a la sentencia antes de que vencieran las prisiones provisionales".
"Ignorancia y envidia"
El presidente de la sección primera de la Sala de lo Penal también se refirió a las opiniones vertidas en varios medios de comunicación en relación a este asunto y aseguró que "existe un alto grado de ignorancia y de envidia hacia un tribunal como la Audiencia Nacional, que debe calificarse de ejemplar". Confirmó además que, "desde que el juez instructor mostró su intención de concluir el sumario", se produjo "una avalancha de recursos, incidentes de nulidad y peticiones de aclaración", pero subrayó que "no ha habido el más mínimo tiempo muerto en las actuaciones de este tribunal", del que dijo que siempre ha estado pendiente de este asunto.
En este sentido admitió que podía haber rechazado de plano todos los recursos e incidentes planteados, pero que no lo hizo "porque habría puesto en peligro todo el procedimiento si el Tribunal Supremo, el Constitucional o el de Derechos Humanos hubiesen estimado luego que había vulnerado derechos fundamentales de la defensa". Recordó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió en su momento una investigación para averiguar la razón de las dilaciones en este procedimiento y así "la inspección ha podido comprobar que la documentación del proceso ha abarcado siete veces más de lo normal" a causa de los numerosos recursos, aseguró el magistrado.
"La Justicia está tan bien como permite la legislación"
Sobre la puesta en libertad del principal acusado, José Gomes Pires, entregado de forma temporal a Portugal al tiempo que en España se cumplían los cuatro años de prisión preventiva, reconoció que esta maniobra tenía por objeto evitar que quedara en libertad, aun a sabiendas de que se corría el riesgo de que fuera absuelto en su país, como así fue.
Explicó que, desde la entrega temporal el pasado mes de abril, no se ha recibido ninguna comunicación oficial por parte de las autoridades lusas a pesar de haber insistido incluso a través del órgano de coordinación de los tribunales europeos Eurojust y de haber pedido que devolvieran a Gomes Pires antes del comienzo del juicio. "La Administración de Justicia está tan bien como permite la legislación", apostilló Siro García al destacar que "los males de la Justicia en España no radican precisamente en los jueces". "Hay jueces, buenos, malos o regulares como en todas las profesiones", concluyó.
Los abogados sí cumplen los plazos legales
Las quejas del juez se afrontan desde otro punto de vista si se consulta a los abogados que frecuentan la Audiencia Nacional. Para ellos no hay posibilidad de retraso en la presentación de recursos, algo que no ocurre cuando es el juez, el fiscal o la Sala la que ha de someterse a la legislación. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece los plazos en su Capítulo VI. Allí queda marcado el tiempo que debe transcurrir entre la presentación de un recurso de súplica y la resolución de la Sala o entre un recurso de reforma y la respuesta del juez. Por poner un ejemplo, el trámite de calificación de un delito, labor del fiscal, debe estar listo en cinco días. En los casos anteriores y en otras impugnaciones de sentencias, los plazos varían entre los tres y los quince días. Como anécdota, los juzgados de Plaza de Castilla entregan en ocasiones resoluciones manuscritas para ajustarse al plazo.
En cualquier caso, las dilaciones son en todos los casos achacables al juez, a la Sala o al fiscal. De hecho, muchos abogados se quejan de que ellos no tienen ni un minuto más de tiempo para ajustarse a los plazos. Parece pues, que el problema está en el exceso de casos que tramita la Audiencia Nacional en correspondencia con los medios de los que dispone. Sin embargo, también hay que atender a los insistentes rumores en círculos jurídicos que apuntan a que Siro García querría abandonar la Audiencia Nacional y volver al Tribunal Supremo.