L D (EFE) José María Michavila explicó en conferencia de prensa que el Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que, si admite a trámite el recurso, proceda de inmediato a la suspensión de los actos recurridos, el acuerdo del Gobierno vasco del pasado 25 de octubre por el que se aprobó el Plan Ibarretxe y el del 4 de noviembre de la Mesa del Parlamento vasco.
El ministro de Justicia insistió en que "no se trata de impedir ningún debate" pero recordó que el plan Ibarretxe supone "un quebrantamiento unilateral de las reglas democráticas" y es totalitario en su procedimiento, en su contenido y en los compañeros de viaje elegidos. Michavila dejó claro que "nuestra democracia, sólo con la ley pero con toda la ley, evitará cualquier proyecto totalitario que se pretenda impulsar rompiendo las reglas de la democracia", y advirtió de que el Estado de Derecho "tiene mecanismos eficaces para acabar poniendo a cada uno en su sitio".
Justificó la impugnación del plan en "la obligación" que tiene el Gobierno de "tutelar y proteger los valores constitucionales" y subrayó que "supone invocar la razón del Derecho y de la convivencia frente a quienes pretenden la confrontación, la exclusión y la quiebra de las reglas democráticas". El responsable de Justicia argumentó que el lehendakari podía haber elegido un método legal y constitucional para presentar su plan, pero ha optado por "quebrar y mutilar unilateralmente" el Reglamento del Parlamento vasco y el Estatuto de Autonomía del País Vasco, además de la Constitución, de una forma "consciente, deliberada y tenaz".
Según la demanda, que acumula en un único recurso las impugnaciones a los acuerdos del Gobierno vasco y de la Mesa de la Cámara autonómica, éstos "vulneran en más de 100 ocasiones la Constitución", en lo que Michavila calificó de un "clamoroso incumplimiento reiterado" de la Carta Magna que ya advirtieron, dijo, los propios servicios jurídicos del Gobierno vasco. El Gobierno central se ampara en el artículo 162.1 de la Constitución para impugnar un acuerdo en el que, según el ministro, Ibarretxe "pretende imponer en el País Vasco unas instituciones en las que sólo caben los que piensan como él".
El ministro de Justicia insistió en que "no se trata de impedir ningún debate" pero recordó que el plan Ibarretxe supone "un quebrantamiento unilateral de las reglas democráticas" y es totalitario en su procedimiento, en su contenido y en los compañeros de viaje elegidos. Michavila dejó claro que "nuestra democracia, sólo con la ley pero con toda la ley, evitará cualquier proyecto totalitario que se pretenda impulsar rompiendo las reglas de la democracia", y advirtió de que el Estado de Derecho "tiene mecanismos eficaces para acabar poniendo a cada uno en su sitio".
Justificó la impugnación del plan en "la obligación" que tiene el Gobierno de "tutelar y proteger los valores constitucionales" y subrayó que "supone invocar la razón del Derecho y de la convivencia frente a quienes pretenden la confrontación, la exclusión y la quiebra de las reglas democráticas". El responsable de Justicia argumentó que el lehendakari podía haber elegido un método legal y constitucional para presentar su plan, pero ha optado por "quebrar y mutilar unilateralmente" el Reglamento del Parlamento vasco y el Estatuto de Autonomía del País Vasco, además de la Constitución, de una forma "consciente, deliberada y tenaz".
Según la demanda, que acumula en un único recurso las impugnaciones a los acuerdos del Gobierno vasco y de la Mesa de la Cámara autonómica, éstos "vulneran en más de 100 ocasiones la Constitución", en lo que Michavila calificó de un "clamoroso incumplimiento reiterado" de la Carta Magna que ya advirtieron, dijo, los propios servicios jurídicos del Gobierno vasco. El Gobierno central se ampara en el artículo 162.1 de la Constitución para impugnar un acuerdo en el que, según el ministro, Ibarretxe "pretende imponer en el País Vasco unas instituciones en las que sólo caben los que piensan como él".