En palabras del Gobierno, el "propósito" de esta norma es introducir algunos cambios legales en la normativa de la Seguridad Social, para garantizar que el sistema, como dispone el artículo 41 de la Constitución, "garantiza los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad del sistema".
Con esta votación y tras su paso por el Senado –donde el PP rechazó los vetos presentados por CiU y PSOE, así como las enmiendas del resto de grupos parlamentarios–, esta ley queda definitivamente aprobada y entrará en vigor al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Por el contrario, el presidente de la CEOE, José María Cuevas, considera que la Ley es "adecuada" en tanto en cuanto se trata de un elemento de "solidaridad en un aspecto tan significativo como es el de las prestaciones de pensiones". Cuevas dijo no tener "nada que objetar" a la política del Gobierno en esta materia, "cuando además se está desarrollando un proceso intenso de elevación y reedición de las pensiones, por lo menos las mínimas".
Con la nueva normativa y gracias a una enmienda introducida en el Senado, las empresas que contraigan deudas con la Seguridad Social mientras tienen un contrato con cualquiera de las administraciones públicas dejarán de cobrar por sus servicios. Hasta ahora, las compañías deudoras con la Seguridad Social no podían contratar con las administraciones públicas. Sin embargo, con la nueva ley, tampoco podrán cobrar por sus servicios si incurren en deudas una vez que han logrado el contrato público.