L D (EFE) En su estudio "Economía de la secesión: los costes de la No España en el País Vasco", publicado en 2002, Mikel Buesa ya analizaba con detalle el colapso económico que provocaría la realización del Plan Ibarretxe.
Este jueves, en declaraciones a la agencia EFE, antes de pronunciar una conferencia sobre el coste hipotético de la independencia del País Vasco en la Universidad San Pablo-CEU, Buesa resumió lo que el Plan Ibarretxe ofrece a los vascos desde el punto de vista económico: "menos actividad económica, más desempleo y una administración que sólo podría financiarse aumentando drásticamente los impuestos y cotizaciones sociales", es decir "menos bienestar".
Mikel Buesa, miembro del Foro de Ermua y hermano del ex diputado general de Álava, Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000, explicó en primer lugar que la salida del País Vasco de la UE supondría la reaparición de las fronteras. Eso llevaría aparejado un incremento de costes en las relaciones comerciales con el resto de España y Europa, y consecuentemente menos ventas y menos actividad económica. Además, muchas empresas –una cuarta parte de las de más de 50 empleados se lo plantean ya según un estudio del propio Buesa– podrían abandonar ese territorio.
El efecto conjunto de las fronteras y la deslocalización de empresas oscilan entre el 14 y el 23 por ciento del PIB vasco y la destrucción de entre 128.000 y 214.000 empleos, lo que elevaría la tasa de paro hasta cotas de entre el 20 y el 33 por ciento, según las estimaciones de Buesa. Una segunda gran consecuencia de la independencia sería la necesidad de construir un Estado que mantuviera las prestaciones sociales actuales.
Un déficit del 10 por ciento de su PIB
Mikel Buesa, miembro del Foro de Ermua y hermano del ex diputado general de Álava, Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000, explicó en primer lugar que la salida del País Vasco de la UE supondría la reaparición de las fronteras. Eso llevaría aparejado un incremento de costes en las relaciones comerciales con el resto de España y Europa, y consecuentemente menos ventas y menos actividad económica. Además, muchas empresas –una cuarta parte de las de más de 50 empleados se lo plantean ya según un estudio del propio Buesa– podrían abandonar ese territorio.
El efecto conjunto de las fronteras y la deslocalización de empresas oscilan entre el 14 y el 23 por ciento del PIB vasco y la destrucción de entre 128.000 y 214.000 empleos, lo que elevaría la tasa de paro hasta cotas de entre el 20 y el 33 por ciento, según las estimaciones de Buesa. Una segunda gran consecuencia de la independencia sería la necesidad de construir un Estado que mantuviera las prestaciones sociales actuales.
Un déficit del 10 por ciento de su PIB
Buesa citó un estudio del profesor Alfonso Utrilla, de la Universidad Complutense de Madrid, según el cual en el 2002 el conjunto de funciones del Estado en esa comunidad podía evaluarse en 10.659 millones, en tanto que la aportación del País Vasco en forma de cotizaciones, impuestos y cupo fue de 6.474 millones. "Eso quiere decir que para mantener el mismo nivel de servicios tendrían que asumir un déficit público de 4.185 millones, casi el 10 por ciento de su PIB", explicó.
Añadió que parte de ese déficit correspondería a la Seguridad Social y apuntó que éste puede suponer para el País Vasco en el año 2010 un déficit de otros 500 millones de euros. En esa situación, añadió el catedrático de Economía Aplicada, un País Vasco independiente "sería incapaz de pagar las pensiones" de los 440.000 pensionistas que en la actualidad viven en esa comunidad autónoma.
Respecto a la actitud de los agentes sociales vascos ante la situación que crearía una hipotética independencia, Buesa señaló que los sindicatos UGT y CCOO ya se han posicionado claramente en contra del Plan Ibarretxe, mientras que en el caso de los empresarios "quizá haya aún una reacción tímida excepto en los de Álava". Señaló, no obstante, que "los empresarios votan con los pies, es decir, se van", y eso está ocurriendo ya en un colectivo que "aunque no haga manifestaciones públicas y notorias" vive la situación con "mucho desconcierto y descontento".