(Libertad Digital) Las bodas de plata de la Constitución son motivo de muchas mesas redondas, conferencias y declaraciones que celebran la fecha, en ocasiones, dudando de la vigencia del texto.
Uno de los primeros ejemplos fue la propia Declaración de Gredos en la que, al final, se abrían las puertas a una reforma con la excusa del consenso.
Pero desde el PSOE se está trabajando para promocionar los cambios en la Carta Magna poniendo al Gobierno y al PP como el problema y motivo que los hacen necesarios. El nuevo giro dialéctico de los socialistas –empezó Francisco Vázquez y le ha seguido Alfonso Guerra– consiste en recuperar la denominación peyorativa de "derecha", claramente orientada a recordar los tiempos del franquismo, no la de la mayoría absoluta de 2000. Y parece que esta estrategia quiere filtrarse poco a poco y en círculos escogidos.
Por eso, el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, se ha dirigido por carta a varios colegas universitarios, y siempre como catedrático de Derecho Constitucional, para solicitarles su adhesión a un manifiesto titulado "La vitalidad de la Constitución democrática. Manifiesto de constitucionalistas en defensa de la Constitución". En la carta, López Aguilar reconoce que "el documento que te enviamos quizás no sea el mejor de los posibles, pero pretende ser la expresión mínima de una preocupación (...) por la pérdida de la calidad democrática de nuestro sistema constitucional".
El recurso a los tribunales para solucionar problemas políticos
El manifiesto viene a denunciar que si es necesaria una reforma de la Constitución es por culpa del Gobierno del PP. Los principales argumentos son la guerra de Irak y, de nuevo, la tan esgrimida "trama" de la Comunidad de Madrid. A esta última se refiere como "las conspiraciones consentidas destinadas a torcer la voluntad popular". Tras la grave acusación, López Aguilar –presumiblemente, el autor del texto– critica "el recurso permanente a los tribunales para solucionar problemas políticos, utilizando a la fiscalía en contra de los adversarios políticos".
En este punto, conviene recordar que el PSOE tardó días en presentar una querella contra su diputado díscolo Eduardo Tamayo en la que el PP aparecía como parte implicada. Los jueces no consiguieron encontrar un solo indicio de delito. Textualmente sentenciaron que "se deja a la imaginación del lector" la existencia del mismo. Además, el impulsor de la querella –el propio López Aguilar– hasta confundió en tres ocasiones los artículos que invocaba en sus razonamientos jurídicos.
Al final del caos y del "ridículo" de la comisión de investigación sobre el caso Simancas –así la calificaron los propios participantes–, hasta Izquierda Unida reconoció que no se pudo demostrar nada contra el PP. Pero ahora, a pocos días del aniversario de la Constitución, el PSOE reaviva las consignas de la conspiración.
"Poder desapegado de la lógica constitucional"
El Plan Ibarretxe también aparece en el manifiesto pero como otra línea de ataque contra el PP. Fruto de la "tensión política" antes descrita, el PSOE considera que el Gobierno "dificulta extraordinariamente una respuesta política más firme, al tiempo que templada y sosegada, frente a una pretensión incompatible con nuestro sistema constitucional como es el denominado Plan Ibarretxe". Todo ello es, según el manifiesto que López Aguilar remite para su adhesión, una "involución democrática", un "deterioro progresivo de las bases de nuestro sistema constitucional y especialmente del respeto a los derechos y libertades".
Ese "ejercicio del poder desapegado de la lógica constitucional" se refleja de forma ejemplar, según defiende el PSOE, en la "reforma oportunista y descontextualizada" del Código Penal. Dando un paso más, la califica como "la ilegítima y torpe utilización de las normas penales como instrumento de la lucha política y de pretendida rentabilidad electoral, actitudes propias de una mentalidad antidemocrática". Tras este último ataque, quizás el que reúne las acusaciones más graves contra el Gobierno y el PP", el manifiesto llega a la conclusión de que hay que abordar "las necesarias reformas constitucionales y se contribuya a promover un clima de equilibrio y serenidad...".
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