L D (EFE) Después de la reunión semestral del Consejo Europeo, que será mucho más breve de lo habitual, los jefes de Estado o Gobierno participantes en la CIG se encerrarán a primera hora de la tarde del viernes en el edificio "Justus Lipsius", sede del Consejo de la UE, para intentar cerrar la primera Constitución común en casi medio siglo de construcción europea.
La "arquitectura" institucional y, en particular, el sistema de voto en el Consejo de Ministros, el órgano decisorio de la UE, sigue siendo el principal escollo para el acuerdo final, y tan irreconciliables parecen todavía las posturas sobre este punto que no se descarta en absoluto un fracaso de la cumbre.
El texto de base en las negociaciones de la CIG ha sido el borrador de "tratado constitucional" que elaboró durante quince meses la Convención Europea, un foro consultivo formado por 105 representantes de los parlamentos nacionales, de los gobiernos y de las instituciones comunitarias, que estuvo presidido por el francés Valery Giscard D'Estaing. En sus cuatro partes y 465 artículos, el proyecto de la Convención no se limitó a reorganizar y simplificar los tratados existentes, sino que propuso novedades, como la creación de un presidente estable para la Unión y de un ministro europeo de Exteriores, la incorporación de la Carta europea de derechos fundamentales, y una mayor integración en los ámbitos de la justicia, la seguridad y la defensa.
La sorpresa de Giscard, una trampa para España
La Convención terminó sus trabajos con un amplísimo consenso sobre casi todas sus propuestas salvo una: el nuevo "marco institucional" de la Unión, introducido por Giscard D'Estaing a última hora y que enseguida tropezó con el rechazo de España y Polonia. En particular, el artículo 24 (Parte I) daba una nueva regla para la toma de decisiones en el Consejo: "Cuando el Consejo Europeo o el Consejo de ministros actúen por mayoría cualificada, ésta se definirá como una mayoría de Estados miembros que represente al menos las tres quintas partes de la población de la Unión".
Con la excusa de aumentar "la democracia y la eficacia" y de hacer "más simple, transparente y comprensible" el procedimiento decisorio, la Convención, a propuesta de Giscard, revolucionaba en beneficio de los países más poblados el delicado reparto de poder pactado en Niza hace ahora tres años. El nuevo sistema de la "doble mayoría", definido como "la mayoría de estados que represente al menos el 60% (3/5) de la población de la Unión" separaba de hecho a los dos países "intermedios" (España y Polonia) del grupo de cabeza (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia), restándoles la capacidad para formar minorías de bloqueo que les daba el sistema del Tratado de Niza.
Giscard incluso reconoció que buscaba perjudicar a España
Hace dos meses, el propio Giscard reconocía implícitamente en una entrevista que una de las virtudes de la nueva fórmula es que permite anular las "ventajas" que España obtuvo en Niza. Este reconocimiento de una intención oculta en la propuesta institucional de la Convención dio fuerzas a España en su defensa a ultranza de los acuerdos de Niza. Así, la ministra española de Exteriores, Ana Palacio, no se cansa de repetir que nada ha cambiado desde entonces en la UE que justifique la revocación del sistema acordado aquella madrugada en la Costa Azul francesa, cuando ni siquiera ha comenzado a aplicarse. Pero el apoyo más fuerte a la tesis española de que resulta excesivo el poder que se quiere atribuir ahora a los grandes lo han proporcionado, paradójicamente, hace dos semanas, Alemania y Francia, los dos más firmes defensores de la "doble mayoría".