L D (EFE) La sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJA obliga al propietario del club "Eróticas Goya" de Córdoba a dar de alta en la Seguridad Social a las doce mujeres que ejercían la prostitución en el local el 27 de septiembre de 2001, a raíz de una visita de la Inspección de Trabajo.
Aunque el propietario argumentó que las mujeres "ejercían libremente la prostitución en el horario de apertura" de su club, la sentencia declara que entre ambas partes "se daban los requisitos de una relación laboral". Las mujeres trabajaban en un horario establecido, de 21 horas de la noche a 5 de la madrugada, disponían de una taquilla para depositar sus objetos personales y su trabajo consistía en la captación de clientes, por lo que percibían una remuneración del 80 por ciento de las consumiciones.
La sentencia tuvo que ser debatida por el plenario de los doce magistrados de lo Social del TSJA, tres de los cuales emitieron un voto particular, en el que consideran que el dueño del local "podría exigir a las interesadas el cumplimiento de las tareas contratadas, aún en contra de su libertad" si se le reconocen las "facultades y derechos derivados de su condición de empleador y los poderes directivos y organizativos". En ese caso, la actividad empresarial sería "ilícita, por contraria a la ley" al "facilitar el ejercicio de la prostitución con evidente peligro de que ésta sea forzada o no libre" y la consiguiente "vulneración de los derechos fundamentales a la libertad sexual".
La sentencia del TSJA confirma el alta en la Seguridad Social como "camareras de alterne" de las doce mujeres, tal como hizo de oficio la Inspección de Trabajo a raíz de su visita al local.
Aunque el propietario argumentó que las mujeres "ejercían libremente la prostitución en el horario de apertura" de su club, la sentencia declara que entre ambas partes "se daban los requisitos de una relación laboral". Las mujeres trabajaban en un horario establecido, de 21 horas de la noche a 5 de la madrugada, disponían de una taquilla para depositar sus objetos personales y su trabajo consistía en la captación de clientes, por lo que percibían una remuneración del 80 por ciento de las consumiciones.
La sentencia tuvo que ser debatida por el plenario de los doce magistrados de lo Social del TSJA, tres de los cuales emitieron un voto particular, en el que consideran que el dueño del local "podría exigir a las interesadas el cumplimiento de las tareas contratadas, aún en contra de su libertad" si se le reconocen las "facultades y derechos derivados de su condición de empleador y los poderes directivos y organizativos". En ese caso, la actividad empresarial sería "ilícita, por contraria a la ley" al "facilitar el ejercicio de la prostitución con evidente peligro de que ésta sea forzada o no libre" y la consiguiente "vulneración de los derechos fundamentales a la libertad sexual".
La sentencia del TSJA confirma el alta en la Seguridad Social como "camareras de alterne" de las doce mujeres, tal como hizo de oficio la Inspección de Trabajo a raíz de su visita al local.