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El Supremo condena a once jueces del Constitucional a indemnizar con 5.500 euros a un abogado

El Tribunal Supremo ha condenado a once magistrados del Tribunal Constitucional , entre ellos su presidente, Manuel Jiménez de Parga, a indemnizar en un total 5.500 euros (500 euros cada uno) a un abogado por archivar un recurso de amparo, en su opinión, sin estudiarlo. El origen del citado recurso está en una demanda para que se eliminara la designación libre de letrados del TC y fuera obligatorio su nombramiento a través de un concurso-oposición. El trasfondo, la guerra abierta entre los dos tribunales más importantes de la Justicia española.

L D ( EFE ) Así lo ha decidido la Sala de lo Civil del TS, por diez votos contra uno que además emitirá voto particular en una sentencia cuyo ponente ha sido Ignacio Sierra, presidente de la Sala de los Civil.

El fallo se hizo público este viernes y considera que los once demandados incurrieron en responsabilidad civil culposa (no dolosa) al archivar el recurso del abogado José Luis Mazón sin motivarlo. La demanda iba dirigida contra once magistrados del TC, ya que uno de ellos, Jorge Rodríguez Zapata, no intervino en la decisión tomada por este tribunal al encontrarse enfermo.

Los magistrados condenados son: Manuel Jiménez de Parga (presidente), Tomás Vives (vicepresidente), Pablo García Manzano, Pablo Manuel Cachón, Vicente Conde, Guillermo Jiménez, María Emilia Casas, Javier Delgado, Elisa Pérez Vera, Roberto García Calvo y Eugenio Gay. Cuando se tomó la decisión no estaba presente Fernando García Falla que falleció poco después siendo sustituido por el citado Rodríguez Zapata.

El abogado José Luis Mazón recurrió ante el TC una sentencia del TS que le había rechazado su petición de que se eliminara la designación libre de letrados del Tribunal Constitucional y de que fuera obligatorio su nombramiento a través de un concurso-oposición, recurso que fue archivado por el Constitucional, por lo que el letrado presentó una demanda ante el Supremo por la vía civil, que es la que ahora se ha resuelto.

La sala de lo civil del TS admitió en febrero de 2003 a trámite la demanda de Mazón en un auto en el que se afirmaba que no había motivos para rechazarla, ya que la acción que se ejercita había sido propuesta "por quien aparece como activamente legitimada y se ha dirigido contra quienes aparecen también como legitimados y sobre todo porque el letrado está pidiendo una tutela judicial que necesita y que lo que está haciendo no es con abuso de derecho". El Supremo explicaba entonces que los magistrados del TC no pueden ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones, pero añadía que "una cosa son las opiniones y otra son las decisiones judiciales" que pueden afectar "a terceros de manera torticera y por la cual sí se pueden exigir responsabilidades como tarea profesional y no como manifestación de una idea".

El abogado murciano explicó que interpuso la demanda de responsabilidad civil contra los once magistrados porque le pareció "un acto de arbitrariedad" la respuesta que obtuvo "de dos líneas" al recurso de amparo que presentó ante el Tribunal Constitucional. El origen del citado recurso está en una demanda para que se eliminara la designación libre de letrados del TC y fuera obligatorio su nombramiento a través de un concurso-oposición. "Estoy sorprendido por este acto de justicia divina", dijo Mazón.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Manuel Suárez Robledano, dijo que la sentencia del Tribunal Supremo "se ajusta a lo previsto en el ordenamiento". El representante de esta asociación añadió que está dentro del sistema de legalidad de un Estado de Derecho, ya que le corresponde al Supremo el conocimiento de las demandas respecto a miembros del Constitucional. El Supremo ha valorado el caso y ha decidido en el marco de un procedimiento que se ajusta a los previsto en el ordenamiento jurídico, concluyó.

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