L D (EFE) Este proceso, que está próximo a la sentencia, concluirá después de que haya sido declarada anticonstitucional la ley que otorgaba inmunidad al jefe del Gobierno y a los otras cuatro principales altos cargos del Estado.
Esa normativa fue aprobada por procedimiento de urgencia, en medio de un gran escándalo político, en vísperas del inicio, el pasado 1 de julio, del semestre de Presidencia italiana de la UE, lo que paralizó todos los procesos contra Berlusconi.
El Tribunal Constitucional declaró recientemente que la ley de inmunidad viola los artículos 3 (principio de igualdad) y 24 (derecho de defensa) de la Carta Magna, además de establecer un régimen jurisdiccional diferenciado. La consecuencia directa de esta decisión es la reanudación del proceso por corrupción de jueces que se le seguía en Milán hasta junio al jefe del Ejecutivo italiano.
En ese proceso ya ha sido condenado a cinco años de prisión su estrecho colaborador Cesare Previti, que fue juzgado junto al resto de acusados, excepto Berlusconi, cuya causa se separó debido a sus continuas ausencias en el proceso debido a sus compromisos oficiales. El caso que juzga el Tribunal de Milán está relacionado con una presunta compra de jueces por parte de Berlusconi, en 1985, para que bloquearan la venta de la empresa alimentaria pública SME a su rival empresarial Mario De Benedetti, propietario del grupo editorial L'Espresso.
Además del caso SME, el primer ministro italiano tiene otras causas pendientes con la Justicia en Italia y en España, como el de falsedad y fraude fiscal de la cadena de televisión Tele 5, que el Constitucional español decidió en octubre de 2003 mantener "en suspenso".
Esa normativa fue aprobada por procedimiento de urgencia, en medio de un gran escándalo político, en vísperas del inicio, el pasado 1 de julio, del semestre de Presidencia italiana de la UE, lo que paralizó todos los procesos contra Berlusconi.
El Tribunal Constitucional declaró recientemente que la ley de inmunidad viola los artículos 3 (principio de igualdad) y 24 (derecho de defensa) de la Carta Magna, además de establecer un régimen jurisdiccional diferenciado. La consecuencia directa de esta decisión es la reanudación del proceso por corrupción de jueces que se le seguía en Milán hasta junio al jefe del Ejecutivo italiano.
En ese proceso ya ha sido condenado a cinco años de prisión su estrecho colaborador Cesare Previti, que fue juzgado junto al resto de acusados, excepto Berlusconi, cuya causa se separó debido a sus continuas ausencias en el proceso debido a sus compromisos oficiales. El caso que juzga el Tribunal de Milán está relacionado con una presunta compra de jueces por parte de Berlusconi, en 1985, para que bloquearan la venta de la empresa alimentaria pública SME a su rival empresarial Mario De Benedetti, propietario del grupo editorial L'Espresso.
Además del caso SME, el primer ministro italiano tiene otras causas pendientes con la Justicia en Italia y en España, como el de falsedad y fraude fiscal de la cadena de televisión Tele 5, que el Constitucional español decidió en octubre de 2003 mantener "en suspenso".