L D ( EFE ) Pese a las críticas recibidas, la Procuraduría General de la República (Fiscalía general) afirmó que el magistrado de la Audiencia Nacional española "tiene derecho a estar presente" en las diligencias, como solicitó en una rogatoria internacional, aunque no a interrogar, ni a ejercer autoridad alguna en el proceso.
La polémica presencia de Garzón en México para seguir el caso de los seis presuntos etarras detenidos el pasado 19 de julio en varios puntos del país ha elevado de tono al no celebrarse las diligencias que estaban previstas en el Reclusorio Norte. "El juez Garzón es el juez solicitante de la extradición de los etarras. Las leyes mexicanas harán lo que les corresponde y corresponde a las autoridades españolas ofrecer los elementos de prueba, de convicción", explicó el fiscal general, Rafael Macedo.
Garzón, que ha estado ya en las diligencias de tres mexicanos arrestados en relación con el caso –Pilar Sosa, Ulises Castro y Noé Camarillo Cantú–, no pudo presenciar las que se iban a celebrar en un juzgado de la cárcel a los españoles detenidos por su presunta pertenencia a la organización terrorista ETA. Los seis inculpados son Asier Arronategui Durade, Ernesto Alberdi Elejalde, Félix Salustiano García Rivera, Juan Carlos Artola Díaz, María Asunción Gorrochategui Vázquez y José María Urquijo Bordem.
Inicialmente, la directora general del Reclusorio Norte, Marcela Briseño, justificó la decisión de impedir el acceso de Garzón, del fiscal de la Audiencia Nacional, Enrique Molina, y de cinco policías que les acompañaban en que su presencia iba en contra de las leyes mexicanas. Portavoces de la cárcel dijeron que la diligencia no fue anticipada ni se fundamentó debidamente, razón de más para impedir la entrada del magistrado. La pretensión de Garzón, que investiga a los seis arrestados por vínculos con la trama financiera de ETA en México, era recabar pruebas para instruir un caso de pertenencia a organización terrorista en los juzgados españoles.
A última hora del día la PGR ofreció otra versión de los hechos en la que admitía que el magistrado pudo entrar en el recinto penitenciario. "Una vez fue autorizado el ingreso a dicho penal, el ministerio Público (fiscal), adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), determinó que la diligencia fuera diferida", indicó en un comunicado.
Además, aclaró que la presencia de Garzón se limita a instruir un caso de pertenencia a banda armada, no a la petición de extradición que pende sobre los seis ciudadanos vascos porque en este procedimiento "no interviene comúnmente ninguna autoridad extranjera".
La polémica presencia de Garzón en México para seguir el caso de los seis presuntos etarras detenidos el pasado 19 de julio en varios puntos del país ha elevado de tono al no celebrarse las diligencias que estaban previstas en el Reclusorio Norte. "El juez Garzón es el juez solicitante de la extradición de los etarras. Las leyes mexicanas harán lo que les corresponde y corresponde a las autoridades españolas ofrecer los elementos de prueba, de convicción", explicó el fiscal general, Rafael Macedo.
Garzón, que ha estado ya en las diligencias de tres mexicanos arrestados en relación con el caso –Pilar Sosa, Ulises Castro y Noé Camarillo Cantú–, no pudo presenciar las que se iban a celebrar en un juzgado de la cárcel a los españoles detenidos por su presunta pertenencia a la organización terrorista ETA. Los seis inculpados son Asier Arronategui Durade, Ernesto Alberdi Elejalde, Félix Salustiano García Rivera, Juan Carlos Artola Díaz, María Asunción Gorrochategui Vázquez y José María Urquijo Bordem.
Inicialmente, la directora general del Reclusorio Norte, Marcela Briseño, justificó la decisión de impedir el acceso de Garzón, del fiscal de la Audiencia Nacional, Enrique Molina, y de cinco policías que les acompañaban en que su presencia iba en contra de las leyes mexicanas. Portavoces de la cárcel dijeron que la diligencia no fue anticipada ni se fundamentó debidamente, razón de más para impedir la entrada del magistrado. La pretensión de Garzón, que investiga a los seis arrestados por vínculos con la trama financiera de ETA en México, era recabar pruebas para instruir un caso de pertenencia a organización terrorista en los juzgados españoles.
A última hora del día la PGR ofreció otra versión de los hechos en la que admitía que el magistrado pudo entrar en el recinto penitenciario. "Una vez fue autorizado el ingreso a dicho penal, el ministerio Público (fiscal), adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), determinó que la diligencia fuera diferida", indicó en un comunicado.
Además, aclaró que la presencia de Garzón se limita a instruir un caso de pertenencia a banda armada, no a la petición de extradición que pende sobre los seis ciudadanos vascos porque en este procedimiento "no interviene comúnmente ninguna autoridad extranjera".