L D ( EFE ) "Ha habido una situación de embargo" a partir de la decisión de un juez de Maryland, dijo este viernes el ministro de Defensa, José Pampuro, quien fue consultado sobre el asunto ya que, según distintas fuentes, los bienes embargados pertenecen a la Fuerza Aérea y a la Armada.
Se trata de una "situación que afecta nuestro patrimonio", dijo Pampuro sin dar más precisiones, aunque el canal de televisión Todo Noticias indicó que el valor de lo "inhibido" es de tres millones de dólares.
El asunto está en manos de la Cancillería y del Ministerio de Economía, agregó el ministro. "Veremos cómo se maneja esto internacionalmente. Se tomarán todos los recaudos necesarios para que esto se limite o no suceda. Pero los bienes están y es muy difícil ocultarlos", subrayó Pampuro. Los jefes de la Fuerza Aérea tienen previsto reunirse hoy para determinar qué bienes fueron afectados por la decisión del juez de Maryland, que, según un portavoz de ese arma, "son depósitos que almacenan elementos que se envían al exterior y repuestos para aviones".
Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, opinó que estaba dentro de "lo previsible" la decisión del juez de Maryland, que es apelable. "Está dentro de lo esperable, de lo previsible, sabemos que este tipo de cosas nos van a pasar, que nos van a hacer este tipo de planteos, que debemos soportarlos y defendernos jurídicamente y en eso estamos tranquilos", puntualizó. En declaraciones a Radio América, Fernández aclaró que "en realidad no es un pedido de embargo sino un planteo judicial por el cual en la hipótesis de que (los reclamos) prosperen tienen que tener privilegios sobre los inmuebles", lo que se conoce como inhibición.
Por decisión respaldada por el Congreso, Argentina suspendió en diciembre de 2001 los pagos de la deuda externa pública con acreedores privados, lo que significa unos 88.000 millones de dólares en mora. El actual Gobierno, que asumió en mayo de 2003, es inflexible en su oferta de saldar sólo el 25 por ciento del valor nominal de lo adeudado, una propuesta que no ha tenido eco entre los acreedores. La justicia estadounidense dictó una larga prórroga en los juicios iniciados por tenedores de bonos argentinos en mora, que concluyó el pasado 31 de enero sin que el Gobierno solicitara una ampliación de esa medida que paralizó la ejecución de embargos. Estos fallos benefician a los fondos de inversión estadounidenses Old Castle Holdings, Lightwater, Macrotecnic y EM, y por ellos los demandantes tendrían derecho a unos pagos que rondan los 800 millones de dólares.
Se trata de una "situación que afecta nuestro patrimonio", dijo Pampuro sin dar más precisiones, aunque el canal de televisión Todo Noticias indicó que el valor de lo "inhibido" es de tres millones de dólares.
El asunto está en manos de la Cancillería y del Ministerio de Economía, agregó el ministro. "Veremos cómo se maneja esto internacionalmente. Se tomarán todos los recaudos necesarios para que esto se limite o no suceda. Pero los bienes están y es muy difícil ocultarlos", subrayó Pampuro. Los jefes de la Fuerza Aérea tienen previsto reunirse hoy para determinar qué bienes fueron afectados por la decisión del juez de Maryland, que, según un portavoz de ese arma, "son depósitos que almacenan elementos que se envían al exterior y repuestos para aviones".
Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, opinó que estaba dentro de "lo previsible" la decisión del juez de Maryland, que es apelable. "Está dentro de lo esperable, de lo previsible, sabemos que este tipo de cosas nos van a pasar, que nos van a hacer este tipo de planteos, que debemos soportarlos y defendernos jurídicamente y en eso estamos tranquilos", puntualizó. En declaraciones a Radio América, Fernández aclaró que "en realidad no es un pedido de embargo sino un planteo judicial por el cual en la hipótesis de que (los reclamos) prosperen tienen que tener privilegios sobre los inmuebles", lo que se conoce como inhibición.
Por decisión respaldada por el Congreso, Argentina suspendió en diciembre de 2001 los pagos de la deuda externa pública con acreedores privados, lo que significa unos 88.000 millones de dólares en mora. El actual Gobierno, que asumió en mayo de 2003, es inflexible en su oferta de saldar sólo el 25 por ciento del valor nominal de lo adeudado, una propuesta que no ha tenido eco entre los acreedores. La justicia estadounidense dictó una larga prórroga en los juicios iniciados por tenedores de bonos argentinos en mora, que concluyó el pasado 31 de enero sin que el Gobierno solicitara una ampliación de esa medida que paralizó la ejecución de embargos. Estos fallos benefician a los fondos de inversión estadounidenses Old Castle Holdings, Lightwater, Macrotecnic y EM, y por ellos los demandantes tendrían derecho a unos pagos que rondan los 800 millones de dólares.