L D (EFE) Ésta ha sido la opinión mayoritaria de la Junta de Fiscales celebrada este jueves, pues diez de los asistentes se han mostrado contrarios a presentar recurso de amparo, mientras que otros cinco apoyan la solicitud de amparo ante el TC.
Según informa la Fiscalía General del Estado en un comunicado, la opinión mayoritaria se ha basado en dos argumentos, el primero de los cuales hace referencia a la falta de legitimación del Ministerio Fiscal para interponer el recurso. Los fiscales que han tomado la palabra en este punto han manifestado sus dudas respecto de que la Fiscalía pudiera personarse en este procedimiento, en el que no había sido parte procesal.
El segundo argumento, que enlaza con el anterior, se refiere a que en el conflicto planteado entre el Supremo y el TC no se han lesionado derechos fundamentales, puesto que los titulares de los mencionados derechos son las personas, no las instituciones. Esa lesión de derechos habría sido, en su caso, el sustento para que el Ministerio Público se entendiera legitimado en este procedimiento.
Al entender que no existe ese daño, el conflicto de competencias o jurisdicción entre ambos tribunales queda al margen del capítulo de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, por lo que no procede interponer recurso alguno para su restitución, añade la Fiscalía General. El fiscal jefe ante el Constitucional defendió la necesidad de restablecer la credibilidad e independencia del TC y el respeto a su jurisdicción, conceptos afectados, en su opinión, por la condena del Supremo. Tras escuchar las aportaciones de la Junta, no vinculantes, el fiscal general ha tomado la decisión de no recurrir.
Según informa la Fiscalía General del Estado en un comunicado, la opinión mayoritaria se ha basado en dos argumentos, el primero de los cuales hace referencia a la falta de legitimación del Ministerio Fiscal para interponer el recurso. Los fiscales que han tomado la palabra en este punto han manifestado sus dudas respecto de que la Fiscalía pudiera personarse en este procedimiento, en el que no había sido parte procesal.
El segundo argumento, que enlaza con el anterior, se refiere a que en el conflicto planteado entre el Supremo y el TC no se han lesionado derechos fundamentales, puesto que los titulares de los mencionados derechos son las personas, no las instituciones. Esa lesión de derechos habría sido, en su caso, el sustento para que el Ministerio Público se entendiera legitimado en este procedimiento.
Al entender que no existe ese daño, el conflicto de competencias o jurisdicción entre ambos tribunales queda al margen del capítulo de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, por lo que no procede interponer recurso alguno para su restitución, añade la Fiscalía General. El fiscal jefe ante el Constitucional defendió la necesidad de restablecer la credibilidad e independencia del TC y el respeto a su jurisdicción, conceptos afectados, en su opinión, por la condena del Supremo. Tras escuchar las aportaciones de la Junta, no vinculantes, el fiscal general ha tomado la decisión de no recurrir.