L D (EFE) La investigación del juzgado de instrucción número 11 de Madrid está centrada en Pedro Sentieri, uno de los querellantes del caso Urbanor. La carta desvela que podría haber presentado falso testimonio en el juicio que condenó a Alberto Cortina y Alberto Alcocer a tres años y cuatro meses de cárcel por estafa y falsedad en documento mercantil.
Las diligencias se abrieron en abril después de que la misiva llegara de forma anónima a la documentalista y editora Gloria Álvarez, que denunció el hecho a la Fiscalía General del Estado.
La carta está firmada por Sentieri e iba dirigida a otro de los querellantes del caso, Julio San Martín, al que recomendaba obviar determinados hechos en el juicio contra los financieros. En concreto le aconseja que no revele que les interesó percibir por los terrenos de Urbanor, donde finalmente se instalaron las Torres KIO, un menor precio, dado que se excluían determinados compromisos. El texto recoge que "manifestarlo haría más difícil probar la estafa que cometieron y no debemos dar motivos para debilitar lo evidente, que nos estafaron".
La carta está firmada por Sentieri e iba dirigida a otro de los querellantes del caso, Julio San Martín, al que recomendaba obviar determinados hechos en el juicio contra los financieros. En concreto le aconseja que no revele que les interesó percibir por los terrenos de Urbanor, donde finalmente se instalaron las Torres KIO, un menor precio, dado que se excluían determinados compromisos. El texto recoge que "manifestarlo haría más difícil probar la estafa que cometieron y no debemos dar motivos para debilitar lo evidente, que nos estafaron".
Probada la autenticidad de la carta
La Policía Científica ha confirmado en un reciente informe pericial, al que ha tenido acceso la Agencia Efe, la autenticidad de la firma de la carta aunque no ha podido dictaminar técnicamente sobre la antigüedad del folio, de la letra mecanografiada y de la firma.
Alberto Cortina y Alberto Alcocer fueron condenados por el Tribunal Supremo en marzo de 2003 al considerar probado que engañaron a los socios minoritarios de Urbanor (entre ellos Sentieri y San Martín) al negociar la venta de la sociedad, ya que consiguieron por su participación un precio que duplicaba al que recibieron los pequeños accionistas. El Constitucional suspendió a mediados de 2003 el ingreso en prisión de los primos, debido al recurso de amparo presentado por los financieros, hasta que se resuelvan sus alegaciones referentes a la vulneración de sus derechos constitucionales en el proceso por el que fueron condenados.
Los "Albertos" —que tuvieron que abandonar la presidencia del Banco Zaragozano tras su condena— no han llegado a entrar en prisión en ningún momento, aunque sí han tenido que afrontar la consecuencias económicas de la condena, por valor de unos 48 millones de euros. Posteriormente a que el Tribunal Constitucional suspendiera la ejecución de la sentencia, el Consejo de Ministros denegó a mediados de octubre el indulto solicitado por ambos financieros.