L D (EFE) Mientras el CGPJ investiga qué fue lo que ocurrió para que tres acusados de pertenecer a ETA estén en la calle con medidas cautelares sin haber sido juzgados, el fiscal de la Audiencia nacional ha interpuesto sendos recursos para que vuelvan a prisión y evitar la fuga.
Así, según el fiscal Ignacio Gordillo, Ibai Ayensa, excarcelado el martes por orden del juez Guillermo Ruiz Polanco, no hubiera cumplido los dos años de plazo máximo de prisión provisional hasta este miércoles, ya que el auto de prisión fue dictado el 25 de febrero de 2002, cuatro días después de ser detenido en Navarra.
Fuentes del Juzgado de Ruiz Polanco informaban el martes, sin embargo, de que desde que el pasado 28 de octubre entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en materia de prisión provisional, los dos años se cuentan a partir del momento del arresto, por lo que el magistrado no tuvo otra opción que poner en libertad a Ayensa.
Así, según el fiscal Ignacio Gordillo, Ibai Ayensa, excarcelado el martes por orden del juez Guillermo Ruiz Polanco, no hubiera cumplido los dos años de plazo máximo de prisión provisional hasta este miércoles, ya que el auto de prisión fue dictado el 25 de febrero de 2002, cuatro días después de ser detenido en Navarra.
Fuentes del Juzgado de Ruiz Polanco informaban el martes, sin embargo, de que desde que el pasado 28 de octubre entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en materia de prisión provisional, los dos años se cuentan a partir del momento del arresto, por lo que el magistrado no tuvo otra opción que poner en libertad a Ayensa.
Las fuentes consultadas se remitieron a la redacción actual del artículo 504.2 de la LECrim, que establece que "para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo se tendrá en cuenta el tiempo que el imputado hubiere estado detenido o sometido a prisión provisional por la misma causa".
Delitos graves, riesgo evidente de fuga
Pero en su recurso, el fiscal afirma literalmente que "debe tenerse en cuenta que el auto de prisión es de fecha 25 de febrero de 2002, por lo que aún no se han cumplido los dos años de prisión preventiva". El representante del ministerio público, que solicita que se acuerde la prisión de Ayensa mientras se resuelve el recurso, recuerda en su escrito que los hechos que se imputan a éste constituyen un delito de pertenencia o colaboración con banda armada, que puede ser castigado con hasta 12 años de cárcel.
Dice también que "ante la gravedad de los delitos por los que se solicitó el procesamiento, relacionados con hechos calificados como terrorismo, existe un evidente riesgo de fuga dada la elevada pena que pudiera imponerse y la situación familiar, laboral y económica del encartado".
Al dictar su libertad, Ruiz Polanco impuso a Ayensa varias medidas cautelares, como la obligación de presentarse semanalmente en el Juzgado y la prohibición de abandonar el territorio nacional o cambiar de domicilio sin la autorización del magistrado. Sin embargo, tales medidas no impiden una fuga en toda regla como han denunciado muchos colectivos.
Por otra parte, el fiscal recurrió también la decisión del magistrado de no prorrogar la prisión de otros dos presuntos miembros del "comando Ekaitza", Mikel Soto Nolasco y Arturo Fernández Garcés, a los que dejó en libertad bajo fianza de 12.000 y 6.000 euros, respectivamente.
Las comparecencias para decidir si se prorrogaba o no la prisión de estos dos presuntos etarras, que se celebraron también el pasado lunes 23, estaban dentro del plazo previsto, ya que Soto fue detenido el 24 de febrero de 2002 y Fernández al día siguiente. Los recursos son idénticos al interpuesto en el caso de Ayensa, y en ellos Gordillo solicita que se acuerde de nuevo su prisión en atención a la gravedad de los delitos que se les imputan y el "evidente" riesgo de fuga.