(Libertad Digital) El Consejo de Estado tampoco ha dado amparo al Grupo Prisa y al Grupo Godó en el caso del "antenicidio", la absorción ilegal de Antena 3 de Radio por la Cadena SER en 1992.
En un dictamen aprobado hace unos quince días y conocido este lunes a través de la agencia Efe, el Consejo de Estado rechaza sus reclamaciones por daños y perjuicios.
En concreto, el dictamen desestima las reclamaciones presentadas por Antena 3 de Radio y la Cadena SER tras la anulación, por parte del Tribunal Supremo en junio de 2000, de la decisión del Consejo de Ministros del 20 de mayo de 1994 que bendijo la concentración de las dos cadenas de emisoras en una misma empresa, Unión Radio, controlada por el Grupo Prisa y el Grupo Godó.
¿Qué reclamaban Prisa y Godó?
Lo que reclamaban las empresas propietarias de la Cadena SER y Antena 3 de Radio era que el Estado pagara una cantidad, que no se menciona en el dictamen, porque la fusión de las dos cadenas de emisoras estaba autorizada por un Consejo de Ministros y, por tanto, si las empresas se fiaron de una decisión de la Administración y luego el Tribunal Supremo anuló dicha decisión, al menos se merecían una indemnización.
Sin embargo, el Consejo de Estado es tajante en su resolución. Textualmente, el dictamen dice que "la lesión no es indemnizable" porque "las empresas reclamantes optaron libremente por concluir los acuerdos de concentración, decisión que les permitía prever una mejora de su posición empresarial y económica, pero que no estaba exenta de riesgos".
Primero fue la absorción y luego la autorización
El Consejo de Estado recuerda que fue la Cadena SER la que compró a su principal competidora, Antena 3, en 1992. Sin embargo, pasaron dos años hasta que, en 1994, el Consejo de Ministros de Felipe González autorizó la concentración de ambas empresas, por lo que el Consejo argumenta que "la Administración no obligó a las empresas a concentrarse ni a cumplir unas condiciones que en aquel momento se estimaron indispensables para ello".
Así pues, "desde que las reclamantes cumplieron esas condiciones en ejercicio de su libertad empresarial, surgió el deber jurídico de soportar las consecuencias de su actuación". El Consejo de Estado recuerda que el Consejo de Ministros del 20 de mayo de 1994 autorizó la concentración con algunas condiciones, pero "no se les impuso" que las cumplieran, sino que "se les ofreció como solución para asegurar la regularidad de la operación de concentración que previamente se había llevado a cabo".
Según confirmó Libertad Digital en fuentes del Consejo de Estado, el dictamen ha sido enviado ya al Ministerio de Economía, por lo que es muy probable que el departamento que dirige Rodrigo Rato anuncie en fechas próximas una solución definitiva a este asunto. La Cadena SER tendrá que deshacerse de 79 emisoras, las que pertenecían a Antena 3 de Radio cuando fue adquirida.