L D (EFE) Por ello, De la Rosa deberá acudir a la Audiencia Nacional para que se le informe oficialmente de su obligación de ingresar en prisión de forma inmediata y se establezca cuál será el centro penitenciario en el que ingrese.
Así lo ha acordado la sala, que también ha decidido desestimar una solicitud en la que pedía la "suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta" por "haber sido presentada solicitud de indulto ante el Ministerio de Justicia". El tribunal considera que "atendida la duración de la pena impuesta" no se desprendía "la existencia del supuesto previsto en el segundo párrafo del número 4 del artículo cuarto del Código Penal".
Este precepto establece que el juez o tribunal podrá suspender la ejecución de la pena "mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria". En la vista de la llamada "operación Wardbase" se enjuició el pago, en 1992, de 1.900 millones de pesetas (11,4 millones de euros) por parte del Grupo Torras a Manuel Prado y Colón de Carvajal. Esta operación fue la primera de las piezas en las que se dividió el caso Torras que llegó a juicio oral desde que se iniciara la instrucción hace ya más de once años; mientras que la segunda de ellas, la conocida como ICSA-Inpacsa, quedó el pasado 2 de febrero vista para sentencia.
Concretamente, la operación Wardbase investigaba si el pago a Prado y Colón de Carvajal de 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros) del Grupo Torras en 1992 fue consentido por el principal accionista del holding (la sociedad kuwaití de inversiones KIO) o si -tal y como consideró el tribunal finalmente- fue ordenado por iniciativa de De la Rosa sin el conocimiento de la compañía. El financiero catalán -quien dimitió de sus cargos justo después de que se abonara el pago investigado- aseguraba que KIO lo ordenó porque quería retribuir a Prado por su supuesta intermediación entre los estados kuwaití y español tras la invasión de aquel país por parte de Irak.
En cambio, desde el principio, Prado mantuvo que ese pago se debió a un ajuste de cuentas por negocios personales que tenía con De la Rosa y que ignoraba que el dinero procediera del Grupo Torras, del que el financiero catalán era entonces vicepresidente. El pasado jueves, ya acudió a la Audiencia Nacional Prado y Colón de Carvajal para alegar que estaba en disposición de pagar los cerca de 30 millones de euros que se le exigen de responsabilidad civil y eludir así su ingreso en prisión. En cambio, el ex consejero delegado del Grupo Torras Jorge Núñez y Lasso de la Vega, quien también está condenado por esta operación, no acudió a la Audiencia cuando estaba llamado porque solicitó por escrito su prisión voluntaria para hacer frente a la pena de cuatro años y medio que se le impuso.
Así lo ha acordado la sala, que también ha decidido desestimar una solicitud en la que pedía la "suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta" por "haber sido presentada solicitud de indulto ante el Ministerio de Justicia". El tribunal considera que "atendida la duración de la pena impuesta" no se desprendía "la existencia del supuesto previsto en el segundo párrafo del número 4 del artículo cuarto del Código Penal".
Este precepto establece que el juez o tribunal podrá suspender la ejecución de la pena "mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria". En la vista de la llamada "operación Wardbase" se enjuició el pago, en 1992, de 1.900 millones de pesetas (11,4 millones de euros) por parte del Grupo Torras a Manuel Prado y Colón de Carvajal. Esta operación fue la primera de las piezas en las que se dividió el caso Torras que llegó a juicio oral desde que se iniciara la instrucción hace ya más de once años; mientras que la segunda de ellas, la conocida como ICSA-Inpacsa, quedó el pasado 2 de febrero vista para sentencia.
Concretamente, la operación Wardbase investigaba si el pago a Prado y Colón de Carvajal de 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros) del Grupo Torras en 1992 fue consentido por el principal accionista del holding (la sociedad kuwaití de inversiones KIO) o si -tal y como consideró el tribunal finalmente- fue ordenado por iniciativa de De la Rosa sin el conocimiento de la compañía. El financiero catalán -quien dimitió de sus cargos justo después de que se abonara el pago investigado- aseguraba que KIO lo ordenó porque quería retribuir a Prado por su supuesta intermediación entre los estados kuwaití y español tras la invasión de aquel país por parte de Irak.
En cambio, desde el principio, Prado mantuvo que ese pago se debió a un ajuste de cuentas por negocios personales que tenía con De la Rosa y que ignoraba que el dinero procediera del Grupo Torras, del que el financiero catalán era entonces vicepresidente. El pasado jueves, ya acudió a la Audiencia Nacional Prado y Colón de Carvajal para alegar que estaba en disposición de pagar los cerca de 30 millones de euros que se le exigen de responsabilidad civil y eludir así su ingreso en prisión. En cambio, el ex consejero delegado del Grupo Torras Jorge Núñez y Lasso de la Vega, quien también está condenado por esta operación, no acudió a la Audiencia cuando estaba llamado porque solicitó por escrito su prisión voluntaria para hacer frente a la pena de cuatro años y medio que se le impuso.