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El Servicio de Inspección de Tribunales realizará una visita urgente al juzgado de Ruiz Polanco

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha autorizado al Servicio de Inspección de Tribunales a realizar una visita urgente y extraordinaria "de conocimiento" al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. La inspección pretende averiguar porqué su titular, el magistrado Guillermo Ruiz Polanco, ha excarcelado en la última semana a seis presos preventivos etarras: Ibai Ayensa, Mikel Soto, Arturo Fernández, Ainhara Gorostiaga, Jorge Chocarro y Aurken Sola.

L D (Agencias) Según informaron fuentes del CGPJ, la Comisión ha accedido a una petición del jefe del Servicio de Inspección, José María Gil, que quiere completar con la visita al juzgado de Guillermo Ruiz Polanco la información previa abierta la pasada semana para aclarar si en las excarcelaciones de los presos preventivos etarras ha existido algún tipo de negligencia o responsabilidad disciplinaria por parte del juez.
 
Previsiblemente, la visita de la Inspección al juzgado se realizará esta misma semana, ya que se pretende que la información previa esté disponible antes de que, el próximo lunes, se reúna la Comisión Disciplinaria del Consejo para decidir si abre diligencias o expediente disciplinario a Ruiz Polanco.
 
El titular del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional aplazó por espacio de tres días (desde el viernes 20 de febrero hasta el lunes día 23) la vista en que debía estudiar si prorrogaba la prisión del preso preventivo de ETA Ibai Ayensa. El aplazamiento, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, estuvo motivado porque Ruiz Polanco se desplazó ese día a Pamplona para asistir a la toma de posesión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández. Por el contrario, fuentes de la Audiencia Nacional citadas por la agencia EFE justifican la excarcelación por "un error en la consignación de la fecha que aparece en el expediente": así, se hizo constar la del ingreso en prisión de Ayensa (25 de febrero de 2002), y no la de su detención (21 de febrero).
 
Sea como fuere, finalmente hubo de procederse a la excarcelación de Ayensa, al haberse superado en dos días el límite máximo de la prisión preventiva, sin que, por lo demás, ninguna de las partes solicitase una prórroga de la misma.
 
Ayesta hubiera podido seguir encarcelado dos años más
 
Si la vista se hubiese celebrado el viernes, como estaba previsto en un principio, se hubiera podido prorrogar durante otros dos años el internamiento de Ayensa en un centro penitenciario. No obstante, fuentes próximas al Juzgado Central de Instrucción número 1 indicaron a Europa Press que el magistrado habría procedido igualmente a la excarcelación del preso preventivoi etarra aunque la vista se hubiese celebrado el viernes, al igual que hizo con el presunto miembro del grupo "Urbasa" Mikel Soto (en libertad bajo fianza de 12.000 euros) y con Arturo Fernández (en libertad bajo fianza de 6.000 euros).
 
Algo similar ocurrió la semana siguiente con Ainhara Gorostiaga. El juez Ruiz Polanco no asistió a la vista en que se debía prorrogar su prisión preventiva porque tenía que asistir a unas diligencias en Melilla por un caso de narcotráfico. La vista fue celebrada por el juez Fernando Andreu, quien acordó, a petición del fiscal, dejarla en libertad en el sumario genérico del grupo "Urbasa" (que instruye Ruiz Polanco) y en prisión a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5, por el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica, ocurrido el 14 de julio de 2001.
 
Precisamente Ainhara Gorostiaga, Mikel Soto, Jorge Chocarro y Aurken Sola declararán este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con este atentado. Salvo Gorostiaga, los demás presos preventivos de ETA quedaron en libertad bajo fianza por decisión del juez Guillermo Ruiz Polanco el pasado viernes.
 
La prisión provisional de los detenidos debe ser revisada obligatoriamente a los dos años, pero la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia, que entró en vigor el pasado 25 de octubre, estableció que ese plazo empieza a contar desde el momento de la detención, y no desde que se dicta el auto de prisión, como ocurría anteriormente.

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