L D (Agencias) En concreto, según recoge la agencia EFE la inspección propone la apertura de expediente para determinar si el magistrado incurrió en dos faltas muy graves, una por la puesta en libertad referida y la otra por no dictar auto de procesamiento después de haberlo pedido el fiscal. Según informa la agencia Europa Press, la segunda falta consistiría en haber tardado diez meses en procesar a los miembros del grupo "Urbasa" de ETA.
Esta misma agencia cita el informe del Servicio de Inspección que podría tomar una decisión en su reunión del próximo lunes. Las sanciones previstas por faltas muy graves, en caso de que se demostraran, van desde la suspensión temporal de funciones, el traslado forzoso, e incluso la expulsión de la carrera judicial. La Inspección plantea que el juez podría haber cometido una falta muy grave de desatención por no haber citado a Ibai Ayensa en el plazo de dos años desde su detención para prorrogar su prisión preventiva. El resultado fue la excarcelación.
En cuanto a la segunda falta que cita el informe recogido por la agencia Europa Press, se aprecia una dilación de diez meses en el procedimiento contra miembros de grupo "Urbasa" de ETA. En mayo de 2003, añade el informe, se lo solicitó el fiscal, y todavía no ha dictado el auto de procesamiento en otro sumario.
"Problemas de agenda" para mantener a un etarra en prisión
Se da la circunstancia de que el propio juez Ruiz Polanco reconoció que la excarcelación de los tres presos preventivos se debió a un error en el cómputo del plazo de la prisión provisional, al hacerse desde la fecha del auto de prisión y no de la detención como se recoge en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ruiz Polanco convocó una vistilla para decidir sobre la prórroga de la prisión el viernes 20 de febrero pero finalmente no se celebró "por problemas de agenda", lo que supuso la excarcelación automática. Fuentes jurídicas citadas por la agencia Europa Press, han señalado que el juez aplazó la vistilla para asistir en Pamplona a la toma de posesión del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El error de cálculo, según el informe de la inspección adquiere especial magnitud dada la gravedad de los delitos por los que estaban acusaban y el evidente riesgo de fuga posterior.
Los autores de la inspección concluyen que, en cualquier caso, la responsabilidad es del juez de forma "indiscutible", descartando así la posibilidad de que la cadena de errores sea achacable a funcionarios del juzgado.