L D (EFE) Según el Real Decreto por el que se regula el registro, que publica este jueves el BOE, la información sobre sentencias firmes incluirá el órgano judicial que la dictó y el tribunal que la declaró firme; nombre y domicilio del condenado y de la víctima; delito o falta cometido; pena principal o accesoria impuesta, la sustitución de la pena que pudiera acordarse y la posible suspensión de la ejecución de la pena, entre otros.
El fin exclusivo del Registro es facilitar a los órganos judiciales del orden penal, al Ministerio Fiscal, a la Policía Judicial y a los órganos judiciales del orden civil que conozcan de los procedimientos de familia la información precisa para la tramitación de causas penales y civiles, así como para la adopción, modificación, ejecución y seguimiento de medidas de protección de dichas víctimas.
La comunicación de los datos -que se realizará telemáticamente- será llevada a cabo por el secretario judicial dentro de las 24 horas siguientes a aquella en que se hubiera dictado alguna de las medidas referidas. Para facilitar la inmediata transmisión de la información a la policía judicial de las medidas cautelares y órdenes de protección dictadas a los efectos de su seguimiento, los secretarios judiciales remitirán simultáneamente a la policía judicial copia impresa de la nota telemática.
En cuanto al acceso a la información contenida en el registro, el Real Decreto del Ministerio de Justicia explica que siempre quedará constancia de la identidad de las personas que lo hayan consultado. Esta base de datos abarca todo el territorio nacional y su gestión corresponde a la Secretaría de Estado de Justicia, a través de la Dirección General para la Modernización de la Administración de Justicia. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como las medidas de seguridad de los datos contenidos en el registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.