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La Justicia belga revisará de nuevo la petición de extradición de los etarras Moreno y García

El Tribunal de Casación belga --equivalente al Tribunal Supremo español—ha decidido reenviar el expediente de extradición de los colaboradores de la organización terrorista ETA Luis Moreno y Raquel García a la instancia judicial inferior --la Cámara de Acusación--, al constatar que se han producido contradicciones en las decisiones judiciales precedentes que abogaron por la puesta en libertad de ambos, según informaron fuentes judiciales belgas a Europa Press.

L D (Agencias) La decisión del Tribunal de Casación obliga a que una nueva sala de la Cámara de Acusación de Bruselas analice la reclamación de extradición de las autoridades españolas en un plazo máximo de 15 días. Tras ello, el caso volvería a la máxima instancia judicial si la defensa o la fiscalía deciden apelar.
 
Las citadas fuentes hicieron hincapié en que las contradicciones del juez de instrucción y de los magistrados de la Cámara de Acusación que tuvieron el caso se deben a que consideraron que el proceso de extradición ya había concluido en 1996 y que, por ello, la nueva ley de detención y entrega ('euro-orden') no se podía aplicar a Moreno y García. Hasta el momento, las instancias judiciales inferiores habían entendido que la 'euro-orden' no se podía aplicar al haber prescrito en Bélgica el delito por el que se les reclama en España.

El expediente se inició el 16 de marzo con la detención de ambos y su puesta a disposición del juez de instrucción. Este último emitió horas después una orden en la que rechazó la ejecución del mandato europeo de detención y entrega debido a la prescripción de los hechos. Las acusaciones contra los etarras son calificadas por la Justicia belga de delito y no de crimen, por lo que quedan prescritos en un máximo de diez años. Los hechos de los que se acusa a Moreno y García datan de diciembre de 1991 y enero de 1992, de modo que prescribieron en enero de 2002 en virtud de la legislación belga. La Justicia española les acusa de haber alojado en su domicilio a miembros del comando Vizcaya, entre ellos a Juan Ramón Rojo y Kepa Urra, arrestados en enero de 1992 y condenados por el asesinato de un policía.

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