L D (EFE) Fidalgo hizo esta reflexión durante su intervención ante los más de mil delegados asistentes al VIII Congreso Confederal de CCOO, en el que se juega su reelección para los próximos cuatro años, frente al ex número dos del sindicato, Rodolfo Benito, y el líder del sector crítico, Agustín Moreno.
En su balance de gestión de los últimos cuatro años, el secretario general de CCOO pidió al Gobierno que utilicen el poder con "responsabilidad y honestidad, prioricen las demandas de quienes tienen en ellos sus únicos valedores y aprovechen la voluntad de diálogo y consenso de nuestra sociedad civil para responder a la gran expectativa que han generado".
Aunque Fidalgo advirtió al PSOE de que CCOO no va a ser "hiperexigente", sí le reclamó a cambio "honestidad y apertura. Lo primero para legitimar la política y lo segundo para hacerla oyendo todas las demandas". "No pediremos que todo se pacte con nosotros", afirmó Fidalgo, no obstante, CCOO sí quiere que "algunas cosas, experiencias, buenas y malas, sean tomadas seriamente en consideración antes de proceder a reformas legislativas o a cambios en orientaciones presupuestarias".
Durante su intervención, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se comprometió a no llevar a cabo reformas "por decreto" o "imposición" y sin el acuerdo y respaldo de los agentes sociales, y reiteró su intención de impulsar "nuevos espacios de consenso" para limitar la contratación temporal.
Caldera apuesta por bonificar los contratos indefinidos y aumentar el coste de los temporales
Caldera advirtió de que la alta tasa de temporalidad del mercado laboral es "un gran estorbo" para la competitividad y una lacra que debe reducirse "con la herramienta insustituible del diálogo y la concertación social". Según dijo, los objetivos del nuevo Gobierno pasan por estimular la contratación a tiempo parcial e indefinida, a través de las bonificaciones, e incrementar el coste efectivo de los contratos temporales.
El flamante ministro también se comprometió a intensificar el papel de la Inspección de Trabajo, mejorar las políticas activas de empleo y el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, así como a elevar a 600 euros la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional.