L D (EFE) En principio, Prado y Colón de Carvajal estaba citado en la Audiencia Nacional para hacer efectiva la sentencia dictada por el tribunal integrado por Siro Garía, Manuela Fernández y Javier Gómez.
Este tribunal le considera culpable de un delito de apropiación indebida en la operación Wardbase, que consistió en el pago al embajador en 1992 de 11,4 millones de euros procedentes del Grupo Torras, del que Javier de la Rosa era entonces máximo responsable.
Sin embargo, Prado y Colón de Carvajal –que en todo momento ha defendido que ese dinero se lo debía De la Rosa por negocios particulares– eludió acudir a la cita de la Audiencia Nacional, con el objetivo de evitar la presencia de medios de comunicación, y envió a uno de sus abogados a la Audiencia para que comunicara su ingreso voluntario en prisión.
Por esta misma operación, el empresario catalán De la Rosa y su ex compañero Jorge Núñez y Lasso de la Vega ya ingresaron en prisión para cumplir condenas que, en principio, son de cinco años y medio y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente. Ambos optaron también por no responder a la citación de la Audiencia Nacional y solicitar su ingreso en prisión voluntario un día antes de lo previsto, para evitar así la presencia de medios de comunicación.
Ante la sentencia condenatoria de la operación Wardbase -la primera pieza separada del caso Torras que llegó a juicio oral- y con el objetivo de evitar su encarcelamiento, Prado y Colón de Carvajal presentó recursos ante el Tribunal Supremo y ante la propia Audiencia Nacional. El embajador alegó poder pagar los cerca de 30 millones de euros que se le reclamaban como indemnización, no ser reincidente, tener problemas de salud y haber sido sentenciado a una pena suficientemente reducida, pero los tribunales rechazaron todos estos argumentos.