L D (Agencias) El juzgado de instrucción número 11 de Madrid ha solicitado a la Guardia Civil un informe pericial para determinar la veracidad de una carta dejada de forma "anónima" en un buzón de una vecina de Las Rozas y que ha servido a Alberto Cortina y Alberto Alcocer para acusar a los constructores Pedro Sentieri y Julio San Martín de haber prestado falso testimonio en el juicio que les condenó por el caso Urbanor.
En un auto al que ha tenido acceso la agencia EFE, el juzgado señala que este nuevo informe intentará determinar si la firma que aparece en el mismo es realmente de Pedro Sentieri, así como la antigüedad del folio en el que está escrita o si el documento está realizado en un acto o en varios, entre otros aspectos.
Además, el juzgado quiere saber si la palabra "firma" mecanografiada en la carta está superpuesta a la firma del documento o a la inversa, de forma que se pueda determinarse si el folio se firmó en blanco o cuando ya estaba escrito. El informe de la Guardia Civil se unirá al que ya hizo en su día la Policía –que pese a las supuestas evidencias de que la carta es falsa, no ofrecía conclusiones relevantes sobre algunos aspectos– y al informe de parte que presentó la defensa de Julio San Martín.
Y sin saber aún si la carta es falsa, el juez ha aceptado la petición del abogado de Alcocer y Cortina para que se remita una comisión rogatoria a Reino Unido para tomar declaración a Richard M. Robinson, el que fuera representante de KIO en España. Por el contrario, el auto deniega el sobreseimiento de la causa y el consiguiente archivo de la misma, solicitado por la representación legal de los dos imputados en el caso (Sentieri y San Martín).
Además, el juzgado quiere saber si la palabra "firma" mecanografiada en la carta está superpuesta a la firma del documento o a la inversa, de forma que se pueda determinarse si el folio se firmó en blanco o cuando ya estaba escrito. El informe de la Guardia Civil se unirá al que ya hizo en su día la Policía –que pese a las supuestas evidencias de que la carta es falsa, no ofrecía conclusiones relevantes sobre algunos aspectos– y al informe de parte que presentó la defensa de Julio San Martín.
Y sin saber aún si la carta es falsa, el juez ha aceptado la petición del abogado de Alcocer y Cortina para que se remita una comisión rogatoria a Reino Unido para tomar declaración a Richard M. Robinson, el que fuera representante de KIO en España. Por el contrario, el auto deniega el sobreseimiento de la causa y el consiguiente archivo de la misma, solicitado por la representación legal de los dos imputados en el caso (Sentieri y San Martín).
La carta apareció en un buzón de Las Rozas
Las diligencias que instruye el juzgado número 11 de Madrid se iniciaron a raíz del envío "anónimo" de una carta –en abril de 2003– al despacho de una documentalista, Gloria Álvarez, (administradora de una sociedad dedicada a "la investigación periodística independiente" y al parecer hija del periodista Cándido), que a partir de ese momento, según la defensa de los afectados, "inició una campaña de militancia activa" hasta lograr que en 2004 "los señores Alcocer y Cortina se presentaran como acusación, retirándose ella".
La misiva estaba presuntamente firmada por Sentieri y dirigida a otro de los querellantes del caso Urbanor, Julio San Martín, en el que le recomendaba obviar determinados hechos en el juicio por el caso Urbanor. Según los afectados, las pruebas de la manipulación son evidentes: ni siquiera está dirigida al domicilio de Julio San Martín, Sentieri se dirige a sus amigos ( y socios) con nombres y apellidos y la palabra "firma" del final está escrita “en letras de mayor tamaño y diferentes del resto de la carta”.
En esta carta, Sentieri sugeriría a San Martín que no revelara que les interesó percibir por los terrenos de Urbanor –donde finalmente se instalaron las Torres KIO– un menor precio, dado que se excluían determinados compromisos. "Manifestarlo haría más difícil probar la estafa que cometieron y no debemos dar motivos para debilitar lo evidente, que nos estafaron", se explica de forma explícita en el texto.
Sin entrar aún en prisión
Sin entrar aún en prisión
Alberto Cortina y Alberto Alcocer fueron condenados por el Tribunal Supremo en marzo de 2003 al considerar probado que engañaron a los socios minoritarios de Urbanor –entre ellos Sentieri y San Martín– al negociar la venta de la sociedad, ya que consiguieron por su participación un precio que duplicaba al que recibieron los pequeños accionistas. El Constitucional suspendió a mediados de 2003 el ingreso en prisión de los primos, debido al recurso de amparo presentado por los financieros, hasta que se resuelvan sus alegaciones referentes a la supuesta vulneración de sus derechos constitucionales en el proceso por el que fueron condenados.