(Libertad Digital) Como ya publicó Libertad Digital y profundiza este miércoles el diario El Mundo, Onda Cero ha reclamado a la Audiencia Provincial de Madrid la anulación del laudo sobre Kiss FM. Maniobras dilatorias antes de decidir que hacer con Onda Cero, ya que, según fuentes jurídicas, los recursos tienen pocas probabilidades de prosperar. Los plazos se agotan y el dueño de Kiss FM apremia para que se realice el pago.
Los argumentos de los nuevos propietarios de la cadena de radio se basan en la necesidad de tener en cuenta la audiencia media y no la acumulada para determinar el número de oyentes (cifra por la que se calcula el pago a Blas Herrero y origen de la controversia de la cantidad a pagar y del espectacular avance de la cadena musical en el EGM).
Otro de los argumentos que se barajan es la falta de equidad del arbitraje y los vicios del contrato original firmado por Telefónica, "favorable" a Blas Herrero. Estos motivos son el eje central por el que la cadena estudia demandar a los antiguos propietarios para que se hagan cargo del pago del laudo. Además, Onda Cero se muestra sorprendida de cómo en la resolución del laudo arbitral el acuerdo al que llegaron los dos árbitros designados por las partes fue multiplicado al alza por el tercer árbitro independiente. Planeta (Onda Cero) resalta que el laudo supone más del doble de la facturación anual de la empresa.
Según El Mundo, de aprobarse la presentación de la demanda civil contra Telefónica, los servicios jurídicos del grupo mediático reclamarán por la vía civil el pago de los 190 millones de euros a Blas Herrero. La demanda se basaría en que la operadora –anterior propietaria y la que firmó el contrato con Blas Herrero– conocía el riesgo de laudo cuando vendió en 2002 su 60 por ciento de Onda Cero a Antena 3.
Una vez conocido el millonario laudo, Telefónica se responsabilizó del 25 por ciento que vendió a Planeta, importe por el que según la operadora se comprometió con los nuevos propietarios. Además, Antena 3 no descarta recurrir a la vía penal para delimitar posibles responsabilidades de los gestores de Telefónica.