(Libertad Digital) Los ministros de Transporte de la UE llegaron este viernes a un acuerdo que señala que los Estados "tendrán que tomar todas las medidas necesarias que aseguren que las infracciones -por vertidos accidentales o voluntarios- sean castigadas con medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias", que podrían incluir sanciones penales. Según informa
Efe , Alvarez explicó en rueda de prensa tras la reunión del Consejo, en Luxemburgo, que dadas las diferentes posiciones de los Estados miembros, se ha aprobado el mejor texto posible, pero agregó que habrá que "seguir avanzando en ese sentido".
Sin embargo, los socialistas se opusieron el pasado 18 de diciembre de 2003 a incorporar a la nueva directiva sobre responsabilidad por daños medioambientales una enmienda para que los propietarios de los petroleros como el “Prestige” corran con la factura de los daños que puedan provocar sobre el medio ambiente. La enmienda, según un comunicado del PP, reclamaba que se suprimiera la excepción de responsabilidad por daños que tienen los armadores. La modificación al texto recibió 367 votos a favor -la mayoría del grupo Popular Europeo, junto con liberales, comunistas y verdes- y 191 en contra -socialistas y los conservadores del grupo de Unión de la Europa de Naciones (UEN)-.
El eurodiputado del PP, Marcelino Oreja, lamentó entonces que los socialistas no se sumaran a esta medida "que prácticamente gozaba del apoyo de todos y que había sido discutida ampliamente en la comisión parlamentaria". "Debe ser que ellos prefieren que las mareas negras las paguen los Gobiernos y los contribuyentes en vez de los responsables directos de ese tipo de catástrofes", declaró.
Un acuerdo "de mínimos"
El acuerdo, que no consiguió el apoyo unánime de los 25 y que ahora deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo, contempla la posibilidad de acusar de negligencia a toda la cadena de mando del barco en caso de que se produzca un vertido contaminante, ya sea por accidente o por limpieza de sentinas y tanques. Todos los implicados podrán ser acusados de negligencia en las aguas territoriales, mientras que en la zona económica exclusiva -de 12 a 200 millas- habrá una excepción para los capitanes y armadores, que sólo podrán ser imputados si se demuestra que han realizado la contaminación sabiendo las consecuencias que tendría.
La ministra explicó que hubo un grupo de países -España, Francia, Portugal o Italia- que habrían querido ir más lejos en los términos de la directiva, pero destacó la importancia de que se pueda actuar conjuntamente a nivel europeo para luchar contra la contaminación marina. Además destacó que en el ámbito de las aguas territoriales se refuerzan las actuaciones posibles, ya que se podrá detener el barco cuando se le descubra contaminando y llevarle a puerto.
La ministra apoyó, sin embargo, las declaraciones de la comisaria europea de Energía, Loyola de Palacio, que señaló durante el debate que probablemente haya que revisar el acuerdo en un plazo no muy largo dada la debilidad del texto final. Alvarez afirmó que hubiera deseado "un texto más ambicioso que estableciera la responsabilidad por negligencia del armador y del capitán en la zona económica exclusiva -de 20 a 120 millas y sobre las cuales los países tienen cierta jurisdicción-"
