L D (EFE) Votaron en contra de la propuesta de Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, los magistrados conservadores del Consejo –el presidente de la comisión de estudios, Adolfo Prego, y los vocales José Luis Requero y Javier Laorden– mientras que votaron a favor la propia Comas y el vocal progresista Luis Aguiar.
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, consideró que el anteproyecto de Ley Integral de Violencia de Género "atenta contra el principio de igualdad", ya que resulta "discriminatorio para el hombre". López añadió que la norma "no es tan mala por lo que incluye como por lo que excluye" y que si bien el documento es congruente con el derecho internacional, incluye "tipos penales incompatibles con el derecho de igualdad".
Según explicó a los medios de comunicación López, se ha decidido nombrar a un nuevo ponente para que elabore otra propuesta de informe y que el pleno del Consejo, que se reúne el jueves, solicite al Gobierno que le conceda tiempo para redactarlo, del plazo extraordinario de quince días que tenía en un principio a un plazo ordinario de 30 días. Comas se abstuvo cuando se eligió a Requero como nuevo ponente y anunció, según explicó López, que su propuesta de informe se convertirá en un voto particular.
Jurídicamente mal construido
El presidente de la comisión, Adolfo Prego, insistió en declaraciones a los medios que ha sido "imposible" aceptar el informe de Comas a pesar de estar de acuerdo en la necesidad de hacer una ley para acabar con "el terrible problema social" que supone la violencia que afecta a las mujeres. A su juicio, "los mecanismos jurídicos del anteproyecto de ley, aún siendo bien intencionados, están jurídicamente mal construidos, porque no se puede crear un derecho determinado por el sexo de una persona", ya que lo impide la Constitución.
Prego reconoció que las mujeres representan el objetivo prioritario de esta violencia, pero matizó que no se puede excluir de los mecanismos de la ley a los varones por el hecho de suponer una minoría; "entendemos que tal y como viene configurado el anteproyecto es muy discutible que éste encaje en la Constitución". En su opinión, el principal problema es que "innecesariamente" se excluye del ámbito de protección de la ley a los varones", por lo que es necesario elaborar otra propuesta de informe.
Prego reconoció que las mujeres representan el objetivo prioritario de esta violencia, pero matizó que no se puede excluir de los mecanismos de la ley a los varones por el hecho de suponer una minoría; "entendemos que tal y como viene configurado el anteproyecto es muy discutible que éste encaje en la Constitución". En su opinión, el principal problema es que "innecesariamente" se excluye del ámbito de protección de la ley a los varones", por lo que es necesario elaborar otra propuesta de informe.
29 mujeres asesinadas por sus parejas este año
Las estadísticas judiciales muestran que en el 90 por ciento de las 76.000 denuncias presentadas en 2003, las víctimas eran mujeres y que el 95,7 por ciento de las más de 6.000 órdenes de protección dictadas en los primeros cinco meses de existencia también están dirigidas a las mujeres, recordó. En lo que va de año, 29 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas; han perdido la vida también seis menores y sólo ha muerto un varón a manos de otro hombre dentro del ámbito doméstico.
En opinión de Comas y de Aguiar, el anteproyecto no conculca ningún derecho fundamental y encaja "a la perfección" en el marco constitucional, porque los tratados internacionales que vinculan a España han realizado "múltiples" recomendaciones a todos los gobiernos para que se dicten normas para combatir la violencia contra las mujeres. Además, insistió, existen sentencias del Tribunal Constitucional que avalan la "acción positiva para igualar lo que en la sociedad es desigual" y las mujeres "han estado históricamente en situación de indefensión y de desigualdad".
Las estadísticas judiciales muestran que en el 90 por ciento de las 76.000 denuncias presentadas en 2003, las víctimas eran mujeres y que el 95,7 por ciento de las más de 6.000 órdenes de protección dictadas en los primeros cinco meses de existencia también están dirigidas a las mujeres, recordó. En lo que va de año, 29 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas; han perdido la vida también seis menores y sólo ha muerto un varón a manos de otro hombre dentro del ámbito doméstico.
En opinión de Comas y de Aguiar, el anteproyecto no conculca ningún derecho fundamental y encaja "a la perfección" en el marco constitucional, porque los tratados internacionales que vinculan a España han realizado "múltiples" recomendaciones a todos los gobiernos para que se dicten normas para combatir la violencia contra las mujeres. Además, insistió, existen sentencias del Tribunal Constitucional que avalan la "acción positiva para igualar lo que en la sociedad es desigual" y las mujeres "han estado históricamente en situación de indefensión y de desigualdad".