L D (Agencias) Bonadío escribe en la sentencia que la solicitud de extradición del terrorista no procede por haber prescrito para la legislación argentina los delitos de que le se acusa. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón procesó a Lariz en 1985 y en 2002 por sospechar que participó en el atentado perpetrado en Éibar (Guipúzcoa) el 9 de octubre de 1984, que dejó heridos a tres miembros de la Policía Nacional. El etarra huyó a Uruguay en 1986, de donde fue expulsado por “indeseable” el 22 de noviembre de 2002. Ese mismo día fue detenido, a petición de Baltasar Garzón, en el aeropuerto de Buenos Aires, situación en que ha permanecido hasta este vienes.
El juicio comenzó el pasado 8 de junio. Durante la primera sesión, Lariz Iriondo –a quien el anterior ministro del Interior, Ángel Acebes, calificó en 2002 como “máximo responsable de ETA en Uruguay”–, dijo que fue "secuestrado" por fuerzas policiales uruguayas, que le entregaron un pasaporte español que él no había requerido y que le obligaron a viajar a Argentina, donde fue apresado por la Interpol.
Después de que el juez Bonadío diera a conocer el fallo, el abogado del etarra, Eduardo Soares, anunció que su cliente quedará libre en las próximas horas. "Va a tener algunas restricciones y no va a poder salir del país", añadió, luego de celebrar la decisión del magistrado.
Bonafini recibió alborozada el fallo
Según relata el diario argentino La Nación, Lariz Iriondo saludó el falló poniéndose en pie y saludando a la concurrencia con el puño derecho en alto. En la primera fila de las bancas para el público estaba Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo, que se fundió en un abrazo con el actor Norman Briski y el escritor Osvaldo Bayer. “Los festejos llegaron –escribe en el citado rotativo Gabriel Sued– hasta la avenida Comodoro Py, donde se habían congregado alrededor de 200 manifestantes de la agrupación Quebracho y de los grupos piqueteros Movimiento de Unidad Popular y Tendencia Clasista 29 de Mayo”.
La decisión de Bonadío puede ser recurrida ante la Corte Suprema por el fiscal federal, Eduardo Freiler, que aún no se ha pronunciado al respecto. Si finalmente no se pone en manos de la Justicia española a Lariz Iriondo, el conflicto diplomático entre Madrid y Buenos podría estar servido.