L D (EFE) El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dijo hoy que las objeciones del Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto de ley contra la violencia sobre las mujeres están, en su opinión, "muy sesgada políticamente".
Conde-Pumpido, tras presidir la toma de posesión del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, José María Rivera Hernández, no comentó más sobre dichas objeciones, al tiempo que dijo que el anteproyecto de ley es "absolutamente constitucional". La Constitución, agregó en declaraciones a los medios, no sólo permite, sino que además "impone que haya una especial protección de las personas más desfavorecidas". En el artículo 9.2, la Carta Magna "establece un principio de igualdad que es material o sustancial, que no es un principio de igualdad puramente virtual o formal como es el artículo 14", señaló.
A su juicio, los poderes públicos tienen la obligación de "remover los obstáculos que impiden la igualdad" dijo Conde-Pumpido, quien añadió que "las mujeres están en una situación más desfavorecida. Dijo que los poderes públicos actúan de acuerdo con la Constitución cuando protegen de una manera especial a la mujer "en el sentido, precisamente, de que es necesario compensar esa situación de desfavorecimiento en la que viven".
Conde-Pumpido destacó que habrá fiscales delegados en cada una de las fiscalías, secciones de violencia contra la mujer y un fiscal que coordinará "en la fiscalía general (del Estado) todas las actuaciones de la violencia contra la mujer de toda España", a propuesta de esta institución. La creación de este figura "es muy favorable y tutelará mejor los intereses protegidos".
Conde-Pumpido, tras presidir la toma de posesión del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, José María Rivera Hernández, no comentó más sobre dichas objeciones, al tiempo que dijo que el anteproyecto de ley es "absolutamente constitucional". La Constitución, agregó en declaraciones a los medios, no sólo permite, sino que además "impone que haya una especial protección de las personas más desfavorecidas". En el artículo 9.2, la Carta Magna "establece un principio de igualdad que es material o sustancial, que no es un principio de igualdad puramente virtual o formal como es el artículo 14", señaló.
A su juicio, los poderes públicos tienen la obligación de "remover los obstáculos que impiden la igualdad" dijo Conde-Pumpido, quien añadió que "las mujeres están en una situación más desfavorecida. Dijo que los poderes públicos actúan de acuerdo con la Constitución cuando protegen de una manera especial a la mujer "en el sentido, precisamente, de que es necesario compensar esa situación de desfavorecimiento en la que viven".
Conde-Pumpido destacó que habrá fiscales delegados en cada una de las fiscalías, secciones de violencia contra la mujer y un fiscal que coordinará "en la fiscalía general (del Estado) todas las actuaciones de la violencia contra la mujer de toda España", a propuesta de esta institución. La creación de este figura "es muy favorable y tutelará mejor los intereses protegidos".