L D (EFE) Tras el estudio de la denuncia, el Servicio de Inspección podrá proponer a una próxima Comisión Disciplinaria su archivo, la apertura de diligencias informativas o de un expediente, o solicitar una ampliación de las informaciones previas.
Santiago Torres , titular del Juzgado número 32 de Madrid, impuso esta semana a Alierta, a su mujer, Ana Cristina Placer, y a su sobrino Luis Javier Placer, una fianza de casi 5 millones de euros en concepto de responsabilidad pecuniaria por su presunta participación en un delito de información privilegiada cuando presidía Tabacalera . Fuentes cercanas a la defensa de Alierta advirtieron de lo inusual de la fianza, dado que el caso se encuentra todavía en fase de instrucción , y se mostraron sorprendidas por la alta cuantía de la misma, ya que "no se trata de una fianza carcelaria ni responde a temas de responsabilidad civil para resarcir perjudicados, ya que en este procedimiento no los hay".
También recordaron que la Audiencia Nacional, a través del magistrado Fernando Andreu, ha requerido a Torres su inhibición en el caso, al considerar que la causa debe ser llevada desde la propia Audiencia. Andreu tiene previsto plantear una cuestión de conflicto de competencias ante el Tribunal Supremo, cuando reciba el auto de Torres en el que este magistrado rechaza inhibirse del caso, en contra del criterio de la AN. Una vez planteado el conflicto de competencias, será la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el órgano superior común a los dos tribunales, la que deberá decidir sobre la cuestión.
La denuncia contra Torres también se fundamenta sobre el hecho de que el magistrado, una vez requerida su inhibición, acordó tomar declaración a varios testigos a pesar de la imposibilidad de los abogados de Alierta de estar presentes en los interrogatorios, debido a que tenían que acudir a otras diligencias establecidas con anterioridad por otros órganos judiciales. Torres habría denegado el aplazamiento de los interrogatorios pese a que los letrados acreditaron debidamente su imposibilidad de acudir en las fechas señaladas, lo que según la defensa de Alierta supone "indefensión imputable al juez".
Un poco de historia
Este caso se inició a raíz de una querella presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE), que acusa a César Alierta, su mujer y su sobrino de aprovechar en 1997 la disponibilidad de información privilegiada para invertir 400 millones de las antiguas pesetas (2,4 millones de euros) en unas 50.000 acciones de Tabacalera.
La posterior venta del paquete accionarial reportó presuntamente a los acusados unas plusvalías de unos 310 millones de pesetas ( 1,86 millones de euros ), después de que los títulos de Tabacalera registraran una fuerte revalorización al conocerse dos importantes noticias sobre la compañía (la adquisición de Havatampa y la subida del precio del tabaco).
La Audiencia Nacional justifica su decisión de reclamar el Caso Tabacalera en que el delito de utilización de información privilegiada afecta a "una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".
Santiago Torres , titular del Juzgado número 32 de Madrid, impuso esta semana a Alierta, a su mujer, Ana Cristina Placer, y a su sobrino Luis Javier Placer, una fianza de casi 5 millones de euros en concepto de responsabilidad pecuniaria por su presunta participación en un delito de información privilegiada cuando presidía Tabacalera . Fuentes cercanas a la defensa de Alierta advirtieron de lo inusual de la fianza, dado que el caso se encuentra todavía en fase de instrucción , y se mostraron sorprendidas por la alta cuantía de la misma, ya que "no se trata de una fianza carcelaria ni responde a temas de responsabilidad civil para resarcir perjudicados, ya que en este procedimiento no los hay".
También recordaron que la Audiencia Nacional, a través del magistrado Fernando Andreu, ha requerido a Torres su inhibición en el caso, al considerar que la causa debe ser llevada desde la propia Audiencia. Andreu tiene previsto plantear una cuestión de conflicto de competencias ante el Tribunal Supremo, cuando reciba el auto de Torres en el que este magistrado rechaza inhibirse del caso, en contra del criterio de la AN. Una vez planteado el conflicto de competencias, será la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el órgano superior común a los dos tribunales, la que deberá decidir sobre la cuestión. La denuncia contra Torres también se fundamenta sobre el hecho de que el magistrado, una vez requerida su inhibición, acordó tomar declaración a varios testigos a pesar de la imposibilidad de los abogados de Alierta de estar presentes en los interrogatorios, debido a que tenían que acudir a otras diligencias establecidas con anterioridad por otros órganos judiciales. Torres habría denegado el aplazamiento de los interrogatorios pese a que los letrados acreditaron debidamente su imposibilidad de acudir en las fechas señaladas, lo que según la defensa de Alierta supone "indefensión imputable al juez".
Un poco de historia
Este caso se inició a raíz de una querella presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE), que acusa a César Alierta, su mujer y su sobrino de aprovechar en 1997 la disponibilidad de información privilegiada para invertir 400 millones de las antiguas pesetas (2,4 millones de euros) en unas 50.000 acciones de Tabacalera. La posterior venta del paquete accionarial reportó presuntamente a los acusados unas plusvalías de unos 310 millones de pesetas ( 1,86 millones de euros ), después de que los títulos de Tabacalera registraran una fuerte revalorización al conocerse dos importantes noticias sobre la compañía (la adquisición de Havatampa y la subida del precio del tabaco).
La Audiencia Nacional justifica su decisión de reclamar el Caso Tabacalera en que el delito de utilización de información privilegiada afecta a "una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".