LD (EFE) Según fuentes parlamentarias, esta enmienda de adición "dejará la puerta abierta" a que el gobierno catalán pueda adoptar medidas para reducir los efectos negativos que el gravamen sobre los carburantes –creado para financiar la sanidad catalana– puede tener sobre sectores productivos de la economía.
La enmienda resulta importante porque permite, en caso de que el gobierno catalán llegue a acuerdos con colectivos como los transportistas, los agricultores o bien los pescadores para paliar los efectos del gravamen sobre los carburantes, que éstas soluciones se puedan aplicar. Fuentes de los grupos de izquierda han afirmado que, si bien la enmienda todavía no está redactada al detalle, existe un acuerdo entre la izquierda y el departamento de Economía para añadir una enmienda en este sentido.
La ley de medidas fiscales y administrativas que se aprobará el próximo mes establece que la Generalitat aplicará a partir de agosto un gravamen de 2,4 céntimos de euro por litro sobre los carburantes para financiar la sanidad. Esta medida ha topado con el rechazo de los transportistas, ha contado con la adhesión de colectivos sanitarios y ha sido acogida con recelo por sindicatos y patronales.
La enmienda resulta importante porque permite, en caso de que el gobierno catalán llegue a acuerdos con colectivos como los transportistas, los agricultores o bien los pescadores para paliar los efectos del gravamen sobre los carburantes, que éstas soluciones se puedan aplicar. Fuentes de los grupos de izquierda han afirmado que, si bien la enmienda todavía no está redactada al detalle, existe un acuerdo entre la izquierda y el departamento de Economía para añadir una enmienda en este sentido.
La ley de medidas fiscales y administrativas que se aprobará el próximo mes establece que la Generalitat aplicará a partir de agosto un gravamen de 2,4 céntimos de euro por litro sobre los carburantes para financiar la sanidad. Esta medida ha topado con el rechazo de los transportistas, ha contado con la adhesión de colectivos sanitarios y ha sido acogida con recelo por sindicatos y patronales.