L D (EFE) En una entrevista en los desayunos de TVE recogida por EFE, Solbes explicó que el programa electoral del PSOE fijó la vuelta al número de aperturas que había en el último gobierno socialista -ocho días al año- y que es el "punto de partida" del ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla.
"Yo personalmente creo que hemos llegado a una situación de apertura de doce días en este momento y que la población se ha adaptado a esa realidad, que está funcionando bastante bien", apostilló, Pedro Solbes. Añadió que, por esto, "creo que ese sería un buen punto de partida o de llegada para esa negociación que lógicamente tiene que hacerse por parte del señor Montilla con Comunidades Autónomas y grupos políticos". Aclaró que a partir de la cifra que se establezca y, "ya digo en mi opinión la vigente podría ser una buena cifra resultante en el momento actual", las Comunidades Autónomas tienen margen para abrir más días.
José Montilla ha propuesto establecer una regulación estatal definitiva de mínimos "más realista" con un umbral mínimo de ocho domingos y festivos al año y un mínimo de 72 horas semanales de apertura y cierre, que podrían ser ampliadas sin problemas por las Comunidades Autónomas. Precisamente este martes, el gobierno de la Generalitad aprobó el anteproyecto de ley de horarios comerciales que establece que los comercios sólo podrán abrir un máximo de 72 horas semanales, 12 horas diarias y ocho domingos y festivos al año, y prevé sanciones de hasta 600.000 euros en caso de incumplimiento.
En relación a los horarios comerciales, Pedro Solbes recordó que el último Gobierno del PSOE llegó a un acuerdo pactado entre todas las Comunidades Autónomas y en el Congreso de los Diputados, que permitió establecer un determinado número de días de apertura de grandes superficies. Añadió que el Gobierno del PP ideó un sistema que ha sido muy debatido con Comunidades Autónomas, y se han planteado algunos recursos de inconstitucionalidad, en la medida en que el comercio es una competencia de las Comunidades Autónomas y el Ejecutivo tomó una solución de ir más lejos con una apertura progresiva hasta llegar a la libertad. Por último, explicó que los recursos de inconstitucionalidad se plantean en la medida en que algunas Comunidades Autónomas alegan que si el comercio es su competencia y el Gobierno decide que "todo es absolutamente libre, las autonomías ya no tienen competencia".
"Yo personalmente creo que hemos llegado a una situación de apertura de doce días en este momento y que la población se ha adaptado a esa realidad, que está funcionando bastante bien", apostilló, Pedro Solbes. Añadió que, por esto, "creo que ese sería un buen punto de partida o de llegada para esa negociación que lógicamente tiene que hacerse por parte del señor Montilla con Comunidades Autónomas y grupos políticos". Aclaró que a partir de la cifra que se establezca y, "ya digo en mi opinión la vigente podría ser una buena cifra resultante en el momento actual", las Comunidades Autónomas tienen margen para abrir más días.
José Montilla ha propuesto establecer una regulación estatal definitiva de mínimos "más realista" con un umbral mínimo de ocho domingos y festivos al año y un mínimo de 72 horas semanales de apertura y cierre, que podrían ser ampliadas sin problemas por las Comunidades Autónomas. Precisamente este martes, el gobierno de la Generalitad aprobó el anteproyecto de ley de horarios comerciales que establece que los comercios sólo podrán abrir un máximo de 72 horas semanales, 12 horas diarias y ocho domingos y festivos al año, y prevé sanciones de hasta 600.000 euros en caso de incumplimiento.
En relación a los horarios comerciales, Pedro Solbes recordó que el último Gobierno del PSOE llegó a un acuerdo pactado entre todas las Comunidades Autónomas y en el Congreso de los Diputados, que permitió establecer un determinado número de días de apertura de grandes superficies. Añadió que el Gobierno del PP ideó un sistema que ha sido muy debatido con Comunidades Autónomas, y se han planteado algunos recursos de inconstitucionalidad, en la medida en que el comercio es una competencia de las Comunidades Autónomas y el Ejecutivo tomó una solución de ir más lejos con una apertura progresiva hasta llegar a la libertad. Por último, explicó que los recursos de inconstitucionalidad se plantean en la medida en que algunas Comunidades Autónomas alegan que si el comercio es su competencia y el Gobierno decide que "todo es absolutamente libre, las autonomías ya no tienen competencia".