Gil Casares se refería así al contrato firmado por el Ministerio de Asuntos Exteriores con la empresa de abogados "Piper Rudnik", que según la “exclusiva” de la SER se firmó para "lograr las firmas necesarias" para que Aznar recibiera la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos. Subrayó que el contrato "no especifica acciones porque no quisimos atarnos" y tan sólo precisa la "ayuda a los intereses de España y la mejora de la imagen".
Contrato público con el visto bueno de la intervención general del Estado
El contrato no es confidencial, como dice la cadena de Polanco, sino "público con todos los beneplácitos que se requieren, tanto de la asesoría jurídica como de la intervención del Estado". Gil Casares precisó que España ha tenido antes este tipo de contratos en el área comercial, pero que éste es un contrato "con carácter general".
Zapatero mantiene vigente el contrato
En este caso, el documento firmado por el Gobierno de Aznar se incluyó en el traspaso de poderes del embajador Rupérez al ministro Moratinos en la embajada de Washington. Sobre ese documento, según fuentes del PP, hablaron dentro de la normalidad y además, ese contrato se mantiene vigente por el actual Ejecutivo de Zapatero. En este sentido, la ex ministra Ana Palacio ha explicado que “el nuevo equipo de Gobierno continúa con este contrato porque le parece que hay razón para continuar con él, porque como digo, es un “contrato-tipo” que existe en los países de nuestro entorno".
Los partidos quieren más explicaciones
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, exigió explicaciones de Aznar y pidió a Mariano Rajoy que explique si el pago de dos millones de dólares por el contrato es "despilfarro, malversación de caudales públicos o corrupción".
Para el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, si Aznar ha utilizado fondos públicos para recibir la medalla del Congreso de EE UU sería un hecho "grave" no tanto porque un "gobierno haya utilizado dinero público para intentar que una visita del presidente a otro país salga bien", sino porque "se trata de gastar dinero público para beneficios personales".
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, pidió que se investigue la supuesta "malversación de fondos públicos" del ex presidente del Gobierno, ya que si se demuestra que el Gobierno pagó para favorecer la concesión de la medalla "eso en castellano es usar fraudulentamente el dinero público". Llamazares también pidió la "suspensión cautelar" en su cargo del nuevo responsable del Directorio Ejecutivo Contra el Terrorismo de la ONU, Javier Rupérez.
Finalmente, el presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, aseguró que, de ser cierto, sería "indicativo de la talla moral del señor Aznar", ya que pagar "para que reconozcan su capacidad personal, habla por sí mismo y da la medida del personaje".