L D (EFE) El 5 de mayo de 1995, el juez instructor del “caso Filesa” dictó auto de conclusión del sumario contra 39 personas, Josep María Sala entre ellas, a quien imputaba los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento mercantil, fiscal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita.
El 28 de octubre de 1997 y después de que el Tribunal Supremo rebajara a 12 el número de acusados en la trama y de que el instructor inicial “rechazara” el caso para dejarlo en manos de Bacigalupo, Sala fue condenado a dos años de prisión por un delito de asociación ilícita y a un año de prisión por un delito de falsedad documental, así como a seis de inhabilitación y a una multa de 350.000 pesetas. El mismo día de la sentencia, Sala compareció ante la prensa y leyó un comunicado en el que reafirmó su inocencia y calificó de "desmesurada" la pena dictada contra él. Al día siguiente, presentó su renuncia al escaño de diputado autonómico y al de senador, al tiempo que puso a disposición del partido el cargo de secretario de Acción Política y Electoral del PSC, cuya dirección acordó la continuación de Sala en el partido, aunque le relevaría “provisionalmente” en sus funciones.
Dos semanas más tarde, el 18 de noviembre, Sala abandonó la ejecutiva del PSC, tras la decisión del Tribunal Supremo de ejecutar la sentencia, sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el recurso de amparo, presentado por el ex senador. El 28 de noviembre, Sala compareció ante el juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona para recibir la notificación del auto del Tribunal Supremo de su ingreso en prisión, y ese mismo día, por la tarde, sin agotar el plazo de 48 horas ofrecido por el juez, ingresó en la barcelonesa cárcel de Can Brians.
Tras permanecer 25 días en prisión, Sala fue puesto en libertad el 22 de diciembre, al acordar el Tribunal Constitucional su libertad provisional mientras se tramitara el recurso de amparo presentado contra la sentencia.
El 2 de junio de 1999, Josep María Sala presentó una querella criminal —desestimada por el TS el 28 de junio— contra los magistrados que le condenaron, y a quienes acusaba de dictar una resolución a sabiendas de que era injusta. Finalmente, el 4 de junio del 2001, el Tribunal Constitucional rebajó de tres a dos años de cárcel la pena que el Supremo impuso al ex senador, al anular el delito de falsedad en documento mercantil por el que fue condenado a un año, aunque mantuvo los dos años por asociación ilícita por el "caso Filesa".
El TC entendió que el Supremo vulneró su derecho a la presunción de inocencia respecto al delito de falsedad en documento mercantil. En este extremo, rechazó que el hecho de que Sala fuese fundador y accionista de “Times Export” fuera suficiente para condenarle por falsedad en documento mercantil.