L D (EFE) En su informe ante el Consejo, máximo órgano consultivo y de coordinación del que forman parte todos los rectores de las universidades españolas, San Segundo ha afirmado que la LOU, aprobada en 2001, debe cambiarse porque "quebró el consenso" de la comunidad universitaria y "no aportó soluciones duraderas". San Segundo, según el texto del informe, pretende el máximo acuerdo en la reforma, orientada, fundamentalmente, el proceso de habilitación de los profesores universitarios y las pruebas de acceso de los estudiantes.
La ministra expuso ante el Consejo, del que forman parte también los responsables de la enseñanza universitaria en los Consejos de Gobierno de las autonomías y 21 miembros designados por el Parlamento y el Gobierno, que además impulsará el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y que se elaborará, en los próximos meses, un marco de referencia para la financiación de los centros públicos.
El propósito del Ministerio, dijo, es aprobar los Reales Decretos que regulan la estructura de las enseñanzas y los estudios de grado y postgrado en los próximos seis meses, y a continuación empezaría el proceso de definición del mapa de titulaciones. Las reformas, dijo, se centrarán en "solucionar" algunos de sus aspectos más conflictivos, como la habilitación del profesorado, aunque recalcó que es consciente de que el sistema "no puede verse inmerso, otra vez", en un nuevo proceso constituyente que altere y dificulte su normal desarrollo, por lo que "se llevarán a cabo con el máximo acuerdo de los sectores implicados".
Selección del profesorado
Afirmó que en la selección del profesorado funcionario, la habilitación "se ha revelado costosa e ineficaz", tanto desde el punto de vista de recursos humanos como económico; por ello, en octubre propondrá al Consejo un modelo de acreditación "ágil" que valore el mérito y la competencia de los aspirantes, tras el que las Universidades escogerán mediante concursos a su profesorado entre el colectivo de los acreditados. Según el Ministerio, una prueba de selección de dos tres plaza de profesores podía llegar a costar entre 60.000 y 85.000 euros.
Mientras la modificación de la LOU y de Reales Decretos ve la luz, lo que estima que llevara 18 meses, se mantiene la convocatoria de solicitud de plazas de habilitación prevista para el mes de septiembre y se hará lo preciso para que en 2005 haya una única convocatoria con un aumento del número de plazas que cubrir para facilitar el ejercicio de la autonomía universitaria y como solución "transitoria" para no frenar el sistema.
En cuanto al acceso de alumnos a la universidad, la propuesta es "restablecer" una única prueba de conocimientos y competencias que, combinada con el historial académico, "incentive la calidad" de la enseñanza secundaria y superior, haga "comparables, transparentes y objetivos" los resultados y permita un modelo de acceso que genere "confianza". En conferencia de prensa, la ministra explicó que esta prueba requerirá también la modificación de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) y dijo que "no es ni la selectividad ni la prueba general de Bachillerato", por lo que no quiso ponerle un nombre.
Una evaluación no aritmética
Habrá que decidir, dijo, que valor tendrá la prueba y la nota del Bachillerato y apuntó que el resultado de la evaluación no sería una media aritmética, sino que cada materia tendría una ponderación diferente según la especialidad universitaria a la que aspire el estudiante. En el proceso de debate "deberá considerarse la oportunidad" de incluir modificaciones de la LOU que afecten a otras cuestiones, como la autonomía universitaria y se revisarán los borradores de Reales Decretos del estatuto del profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el de creación de universidades y centros.
Además, se revisará la estructura, composición y competencias de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que tendrá una nueva naturaleza jurídica, garantizando, no obstante, su carácter público en el marco del proyecto de ley de agencias que está elaborando el ministerio para las Administraciones Públicas. Se propone también la revisión de las funciones, composición y organización del Consejo de Coordinación Universitaria para agilizar la toma de decisiones; el sistema de homologación de títulos oficiales; y el de profesores contratados.